Endesa alcanzó durante el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.086 millones de euros derivado de su actividad, un 15,6% mayor que el consolidado en 2014 si se eliminan los extras que ese año integraron la venta de los activos latinoamericanos -1.764 millones de euros- y los beneficios que esos activos generaron hasta que se materializó la transacción; otros 623 millones.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 3.039 millones de euros, "algo por encima de las previsiones contenidas en el plan industrial, debido sobre todo a que el margen de contribución del mercado liberalizado fue algo superior al esperado", detalló el presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado en la junta general de accionistas celebrada ayer en Madrid.

Los números alcanzados por Endesa permiten mantener su intención para 2015 y 2016 de distribuir la totalidad del beneficio neto consolidado "y que, como mínimo, ese dividendo sea un 5% superior al del ejercicio anterior", avanzó Prado. En valores absolutos supone 0,4 euros brutos por acción, ya abonados y acordados por el Consejo de Administración el pasado mes de diciembre. El mismo órgano completó la cifra con un dividendo complementario de 0,626 euros brutos por título, que se abonará el 1 de julio. De esta manera, -1,026 euros totales- el incremento respecto al año anterior es del 35%.

Bono social

Borja Prado incidió asimismo en la necesidad de repensar los criterios de reparto del bono social y dar una vuelta a la tarifa eléctrica para que "responda a los costes reales del suministro". La intención es conseguir que el descuento del 25% que se ofrece sobre el total de la factura eléctrica sea percibido por los hogares con unos niveles de renta mínimos, evitando así que lo reciban "otros clientes que no se encuentran en situación crítica". De esa manera, el presidente de Endesa consideró que se podrían liberarse recursos económicos para otros tipos de ayudas, "que podrían incluir el pago completo de las facturas de los hogares identificados por los servicios sociales como insolventes".

Borja Prado apostó "por dar prioridad a la competitividad industrial y el bienestar del consumidor mediante una tarifa eléctrica que responda a los costes reales del suministro", toda vez que se ha logrado atajar el déficit de tarifa. Para conseguirlo, explicó la necesidad de estudiar si continúan aportando beneficio algunas de las reformas que se realizaron durante los años de la crisis, en referencia a los impuestos a la producción eléctrica y otras tasas que "suponen un alto porcentaje de la factura" que pagan los clientes.

Por su parte, el consejero delegado, José Bogas, subrayó que el sector necesita un marco regulatorio "basado en criterios de certidumbre, de estabilidad y de seguridad jurídica, pero con ello no basta", y, además, hay un cuarto criterio "inexcusable" para hacer posible la transición a un nuevo sistema energético sostenible: la flexibilidad.

A este respecto, Bogas apuntó la necesidad de "limpiar" progresivamente la tarifa eléctrica de extracostes y cargas impositivas, "ajenos al suministro, que actualmente pesan sobre ella y que representan más de la mitad del precio que pagan los consumidores".

El ejecutivo aseguró que la electricidad, "el vector energético más limpio y eficiente", no puede estar "penalizado" con todas las cargas derivadas de "antiguas decisiones de política energética que le restan competitividad respecto de otras energías que son más contaminantes y menos eficientes en el consumo energético final".