La Comisión Europea inició ayer un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado de manera adecuada a la legislación nacional las normas europeas para proteger "plenamente" al consumidor de las cláusulas abusivas hipotecarias. La directiva europea garantiza que el consumidor "no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente". Bruselas insta al Gobierno a "poner en consonancia" con el derecho europeo la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.
Bruselas ha enviado una carta con su decisión al Estado español en la que lo emplaza a corregir las deficiencias y da dos meses de plazo para que ofrezcan una respuesta satisfactoria. De lo contrario, Bruselas podrá enviar un dictamen motivado a España, último paso antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
La Comisión valoró de forma positiva los cambios legislativos que introdujo España tras una sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo en 2013, pero advierte que "siguen preocupando" otras cuestiones. Esa sentencia daba la razón a Mohamed Aziz , un obrero marroquí expulsado de su casa de Martorell porque no pudo hacer frente a las condiciones de su hipotecas tras quedarse en paro.
Ayer mismo el PSOE y Podemos sumaron sus fuerzas en la última Comisión de Fomento del Congreso de esta legislatura para reclamar al gobierno que ponga en marcha nuevas medidas para luchar contra los desahucios. El texto exige que no se produzcan nuevos lanzamientos de la vivienda habitual sin una alternativa habitacional garantizada en el caso de familias en situación de insolvencia sobrevenida y buena fe.
