El juez Pablo Ruz, conocido por investigar la trama Gürtel, la caja b del Partido Popular, el caso Neymar o el fraude en la SGAE, entre otros, se mostró ayer crítico con la lentitud de los bancos a la hora de contestar a los requerimientos que se derivan de las investigaciones contra la delincuencia y el fraude a la Hacienda Pública. En la vertiente internacional de este tipo de delitos, descartó la posibilidad de que los paraísos fiscales lleguen a desaparecer, por lo que recomendó estrechar las relaciones con ellos para incrementar el éxito en la persecución de los delincuentes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles retornó hace poco más de un año a esta plaza después de pasar cinco en situación de comisión de servicios en la Audiencia Provincial. En ese tiempo se enfrentó a instrucciones densas y de amplio recorrido mediático que le obligaron a aprender a marchar forzadas los caminos que había que transitar para levantar alfombras que hasta ese momento nadie había tocado.
Ayer ofreció en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de las VIII Jornadas sobre Delincuencia y Fraude Fiscal organizadas por Vegueta Jurídica, la conferencia que tituló La investigación de la delincuencia económica y los paraísos fiscales. Experiencias y principales instrumentos en materia de cooperación judicial internacional.
No le faltó, sin embargo, tiempo para repasar los problemas con que se encuentran dentro de las fronteras españolas los jueces que persiguen comportamientos sospechosos en materia contable o de blanqueo de capitales. La banca fue destinataria de una parte de sus quejas por utilizar métodos de respuesta que ralentizan la fase de instrucción.
Tres o cuatro meses
"Sigue ocurriendo que te diriges a un banco y el oficio pasa por tres o cuatro negociados distintos hasta que llega al que realmente tiene las respuestas que se solicitan", afirmó Ruz. Sin embargo, las trabas no terminan ahí, porque después de eso "tardan tres o cuatro meses en contestar, cuando todos sabemos que hoy basta con tocar la tecla de un ordenador", continuó.
De esa manera, el magistrado explicó que también existen los problemas domésticos para la investigación y no solo los que tienen por escenario los paraísos fiscales. A estos les dedicó buena parte de su intervención y destacó la necesidad de estrechar la comunicación con los países que los albergan -cuando no el Estado en su conjunto, como ocurre con Panamá- como mejor fórmula para lograr avances.
"Mi cooperación con fiscales de Berna o Ginebra no puede ser más fructífera", señaló sobre los avances logrados en este terreno con Suiza y que hizo extensibles a Andorra. Lo fundamental, según su experiencia, es explicar bien a los operadores jurídicos de esos y otros lugares el motivo de la indagación. "Cuando entienden que el asunto objeto de investigación tiene relevancia, no ponen objeciones", relató. Para hacerse entender, destacó la necesidad de contar con asistencia especializada.
Por ejemplo, en trabajos desarrollados por él mismo en el propio país helvético u Holanda reseñó lo determinante que resultó la presencia de técnicos de la Agencia Tributaria en las delegaciones que encabezó y que se desplazaron a dichas naciones. "Si no llegamos a contar con ellos, nos podríamos haber dedicado a contemplar la belleza de los canales de Ámsterdam o de la nieve en las montañas suizas", recalcó sobre lo poco rentable que resulta la salida al exterior sin el personal adecuado.
No ocultó que los jueces miran "con envidia" en dirección a la Fiscalía Anticorrupción y a las "unidades de auxilio" con que esta cuenta. "Para garantizar un resultado positivo, a los jueces nos tienen que empoderar", señaló. De tal manera que el instructor tenga a mano todo lo necesario para determinar en el menor tiempo posible si hay caso y qué dimensión tiene.
Pablo Ruz también entró a valorar la conveniencia de mantener los aforamientos de cargos públicos en su nivel actual. Al respecto propuso la retirada de la condición de aforado a los diputados regionales y dejarla como está actualmente únicamente para los casos en que quienes son objeto de la actuación de la Justicia "ostentan responsabilidades de Estado".
"Cada vez tiene menos sentido que los aforamiento sean tan extensos", señaló. Sobre todo porque, según sostuvo, cuando una persona que está siendo investigada pierde esa condición, obliga al Tribunal Supremo a reunirse para comprobar de forma fehaciente que ha perdido las competencias en dicho caso.
La velocidad en la actuación, la dotación de medios y la mejora de la comunicación con los "escondites fiscales" son las claves para, según Ruz, mejorar en la persecución de los delincuentes.
