30 de abril de 2016
30.04.2016

Los sindicatos acusan al Ejecutivo de anteponer las empresas a las personas

UGT y CCOO reprochan a Fernando Clavijo que haya impulsado la ley del suelo antes que una norma para crear empleo

30.04.2016 | 01:33
Los sindicatos acusan al Ejecutivo de anteponer las empresas a las personas

Los sindicatos acusaron ayer al Ejecutivo regional de favorecer los intereses empresariales antes que poner en el centro de sus políticas a los ciudadanos. En la presentación de los actos programados por el Primero de Mayo, Día del Trabajador, los sindicalistas denunciaron que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo haya preferido impulsar desde el principio de esta legislatura la nueva ley del suelo en lugar de plantear una norma extraordinaria de empleo para evitar, así, que cerca de 300.000 personas en las Islas no encuentren hueco en el mercado laboral.

CC.OO, UGT, Intersindical Canarias, Co.bas-Canarias y Frente Sindical Obrero de Canarias hicieron un llamamiento para que los ciudadanos tomen mañana las calles y reivindiquen sus derechos. Gustavo Santana, secretario general de UGT Canarias, advirtió que la asistencia a las movilizaciones es muy importante porque "lo peor está por venir".

Santana denunció que el Ejecutivo canario quiere convertir la región en una "comunidad neoliberal". El secretario general de UGT en las Islas aludió, de este modo, a la ley del suelo con la que el Gobierno busca "satisfacer la economía especulativa" frente a la productiva. A su juicio, la nueva norma solo beneficia a quienes interpretan que son, según indicó, propietarios del territorio: promotores turísticos, inmobiliarios y constructores.

Con esta "política latifundista", los sindicatos subrayaron que se deja de lado las políticas activas de empleo. El secretario de CC.OO en Gran Canaria, Antonio Pérez, solicitó al Gobierno que les deje participar en la elaboración de una norma que despierta "alarmas".

A su juicio, la cesión de competencias a los ayuntamientos supone que existan en Canarias 88 formas diferentes de entender el territorio isleño. Pérez aseguró, además, que es "mentira" que exista una "maraña" administrativa que paralice las inversiones ni que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) sea simplemente una herramienta burocrática porque, entiende, "da coherencia al territorio".

Este escenario, unido a la situación de crisis económica de los últimos años, es el que impulsa a los sindicatos a afirmar que las soluciones a los problemas no pueden ser individuales, sino colectivas. Por ello, los sindicatos urgieron en la necesidad de recuperar las "herramientas de lucha".

Bajo el lema Por el derecho de huelga, contra el paro y la pobreza, los cinco sindicatos esperan generar el Primero de Mayo un debate en torno al rescate de los derechos laborales antes de que se produzcan unas nuevas elecciones generales.

La derogación de la reforma laboral, establecer un salario mínimo interprofesional de 800 euros y una renta mínima para las familias sin recursos de similar cuantía centrarán sus reivindicaciones. Los sindicatos señalaron que el Gobierno de Mariano Rajoy han "criminalizado" el derecho a huelga, una de las herramientas que tienen los "débiles" para oponerse al poder político y económico.

En este sentido, mostraron su rechazo a la ley mordaza y al uso "excesivo" del artículo 315 del Código Penal por el que más de 200 piquetes informativos están pendientes de ser juzgados tras participar en huelgas y otros 100 han sido ya absueltos o condenados.

Los sindicalistas pidieron a los ciudadanos un respaldo masivo a las manifestaciones que partirán mañana del parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la plaza de los Patos, en Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, solicitaron una nutruda asistencia a las concentraciones que han organizado en el resto de Islas.

Pérez apuntó que con estas movilizaciones persiguen que los partidos políticos se comprometan a abordar la situación de paro y precariedad laboral del Archipiélago, donde 150.000 parados no tienen acceso a ninguna prestación y hay 50.000 familias sin ingresos.

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