Crisis, reformas laborales, pérdida de derechos... ¿Hemos llegado a un momento clave?
Las élites económicas y financieras se pusieron de acuerdo con los gobiernos conservadores y aprovecharon la crisis para elevar la tasa de paro hasta niveles insoportables, eliminar derechos y devaluar salarios. Lo quisieron acompañar de un golpe definitivo al movimiento sindical, pero el sindicalismo resistió, pasa ahora a la ofensiva y ha llegado el momento de entrar en una nueva etapa de recuperación de derechos y de avance hacia un nuevo modelo productivo.
¿Está CCOO preparada para afrontar esa batalla?
Sabemos de nuestras deficiencias, pero si hay una organización capaz de liderar una respuesta a la actual situación, esa es CCOO. Tenemos voluntad decidida de reforzar el diálogo social y la negociación colectiva, y desde la unidad de acción con UGT, capacidad de tejer una amplia red de alianzas sociales y políticas para actuar en la sociedad civil.
¿Cómo ve un futuro en el que las reformas laborales no pierdan vigor?
Difícil y conflictivo. Las reformas laborales se pensaron y aplicaron para romper el equilibrio de las relaciones laborales y de la negociación colectiva. Son una potente herramienta para la discrecionalidad empresarial. Si no se derogan, asistiremos a un nuevo periodo de tensión laboral, que no favorecerá el crecimiento, la creación de empleo y la lucha contra la desigualdad.
FMI, UE y otros organismos coinciden en que el PP se quedó corto. ¿Cabía apretar más?
Las instituciones financieras internacionales y la UE no se han caracterizado por acertar en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones para salir de la crisis. Han hecho de la austeridad contra las políticas públicas y el empleo su eterna razón de ser y así nos va. Mientras tanto, se han inhibido, cuando no alentado, los paraísos fiscales y han dado cobertura a tasas indecentes de excedente empresarial. No están en condiciones de pedir más esfuerzos a la ciudadanía, aunque no dudamos de que lo seguirán intentando.
¿La absolución de los ocho de Airbus
Es una demostración incontestable del valor de la afiliación a un sindicato confederal. Supimos alertar de la dimensión del ataque al derecho de huelga, al que quisieron criminalizar. Logramos la complicidad de la mayoría de las formaciones políticas. Sacamos a la luz pública las contradicciones de los poderes públicos -especialmente del Ministerio Fiscal- actuando contra un derecho constitucional. Y lo más importante, lo hicimos profundizando en la unidad sindical y coordinando la respuesta más allá de los sindicalistas afectados. La lucha sigue, porque los ataques al derecho de huelga continúan. Hay más de 300 sindicalistas afectados por participar en huelgas.
