El Ministerio de Fomento descarta limitar el descuento del 50% en la tarifa aérea aplicada a los residentes en Canarias para viajar. El Estado no se plantea "en ningún caso modificar" el régimen de ayudas "ni mucho menos limitar" la bonificación "ni ahora ni en el futuro".
Fomento negó así la posibilidad de acotar el descuento en las tarifas aéreas a los ciudadanos que viven en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que actualmente es del 50% en todas las rutas con la Península y el resto de islas, independientemente del precio del vuelo.
La voz de alarma la dio ayer la Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), cuyo presidente, Antonio Abrines, confirmó que hubo una reunión hace unos dos meses entre compañías aéreas, proveedores de sistema de reserva de transporte y asociaciones de agencias de viajes de esta región con Fomento. En este encuentro el departamento de Ana Pastor les trasladó un borrador para limitar la cuantía máxima bonificable por cada ruta en los viajes de grupo y en las tarifas acordadas entre empresas y aerolíneas mediante las agencias de viajes. Aviba sospecha que el Ejecutivo quiere extender este tope al resto de no residentes en la Península.
Abrines explicó que el Gobierno pretendía poner en marcha esta medida desde el 1 de abril de este año, pero la ha pospuesto hasta enero de 2017. Sin embargo, ayer Fomento emitió un comunicado para negar "categóricamente" que quiera limitar la bonificación, por lo que Abrines se dio por satisfecho.
Certificado
En cualquier caso, no es la primera vez que ronda esa posibilidad, ya que el Gobierno barajó aplicar un límite a principios de legislatura, pero luego no lo llevó a efecto. Con todo, Pastor abrió a mediados de 2012 una investigación por presunto fraude en el acceso a la subvención por residencia y, mientras, impuso desde el 1 de septiembre de ese año la obligación de presentar el certificado de residencia a los habitantes de territorios no peninsulares para viajar en avión o barco. Esta medida se mantuvo hasta noviembre de 2014, cuando Madrid eliminó el deber de llevar el papel.
El diputado nacional del PSOE Sebastián Franquis criticó que Madrid "pretende fijar un precio medio para cada ruta, que sería el máximo sobre el que aplicar la bonificación". Censuró que el Ejecutivo en funciones estudie esta medida sin contar con los gobiernos autónomos.
