La nueva baremación del concurso eólico de 2008 en Gran Canaria, obligada por sentencia judicial, deja fuera a dos parques que habían cubierto por completo su tramitación. El anterior Gobierno de Canarias dejó una puerta abierta para estos casos con el fin de no perder la oportunidad de instalar energías limpias con rapidez, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la cerró mediante un auto fechado en noviembre. Solo la atención de la Sala de lo Contencioso Administrativo a los recursos de reposición presentados por el sector de manera unánime puede evitar que se pierdan.
El parque eólico Piletas-1, de Gas Natural, y el parque eólico Montaña del Canónigo, de Enel Green Power (Endesa), suman 22,9 megavatios, el 12% de los 192 que se van a instalar en Gran Canaria.
La práctica totalidad de los promotores que han entrado en la lista con la nueva evaluación, publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), desistirán de seguir adelante con sus proyectos. El registro que da derecho a una retribución específica de alrededor de 86 euros por megavatio hora se cerró el último día del año pasado, con lo que tendrían que vender su producción energética a precios peninsulares. Eso los hace ya poco rentables, pero además han de ceder el 9% de la energía de forma gratuita al municipio en que se ubican, tal y como obligan las bases del certamen.
La anterior consejera de Industria del Gobierno canario, Francisca Luengo, decidió terminar con los concursos para evitar las judicializaciones. Lo hizo tras dar los tribunales la razón a quienes quedaron fuera, lo que amenazaba con alargar el proceso hasta el Tribunal Supremo y que siguieran pasando años sin un megavatio instalado.
En el caso de Gran Canaria, esta nueva evaluación mantiene ocho de los proyectos aprobados en 2008 y da entrada a siete nuevos. El decreto impulsado por Luengo acogía en su disposición transitoria tercera a los proyectos apartados en este nuevo examen. Sin embargo, Inalsa, la mercantil pública lanzaroteña que resultó adjudicataria con la nueva evaluación, reclamó ante el TSJC, que anulo la mencionada disposición.
Esa decisión es la que pone en riesgo que Gran Canaria cope toda la energía eólica del cupo. Según fuentes consultadas, hasta la propia Inalsa trató de dar marcha atrás en sus intenciones pero su escrito llegó tarde a la mesa del juez. Ahora la propia Justicia es la que tiene en su mano la posibilidad de no perder ningún mergavatio.
