Un total de 234 empresas offshore afirman tener su domicilio en algún punto del Archipiélago, la mayoría en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que alberga a 195 de ellas. Las 39 restantes se sitúan en la de Las Palmas. Así lo revelan los papeles de Panamá, la investigación que durante un año han desarrollado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La mayor parte de quienes ocultan su nombre detrás de estas sociedades opacas ni siquiera han pisado las Islas. Basta con que el intermediario que las creó sí lo haya hecho o, al menos, pueda documentar un domicilio propio en el Archipiélago para que Canarias aparezca en los papeles de Panamá como sede.
Los intermediarios son quienes se encargan de dar de alta a las sociedades en los paraísos fiscales. A pesar de que contar con una empresa situada en alguna de las numerosas zonas de escasa tributación que existen en el planeta no constituye delito alguno, lo cierto es que, salvo muy contadas excepciones -el empresario turístico canario Enrique Martinón constituye una de ellas-, los verdaderos accionistas prefieren quedar en la sombra. El juicio social al que se exponen por llevar fuera del país parte de sus negocios y la consiguiente merma que eso supone para las arcas del país les decide a ello.
Quienes ponen la cara -los intermediarios- son los que se encargan de contactar con las autoridades de los países y enclaves cuya política de atracción de inversión es la baja presión fiscal. Se encargan, además, de detallar la residencia de la empresa a crear. En muchas ocasiones la hacen coincidir con la suya propia, con lo que la mera presencia de una sociedad que se maneja con intensidad en este ámbito decanta la balanza en favor de una isla.
Bahamas, lugar favorito
Bahamas es el enclave favorito para las empresas offshore creadas en el Archipiélago, fundamentalmente porque de manera mayoritaria es donde las inscribieron los intermediarios de la provincia occidental del Archipiélago. Un total de 155 sociedades operan en el país isleño situado entre el estado de Florida (EEUU) y Cuba, y solo tres declaran un domicilio en Las Palmas.
Niue, estado del Pacífico Sur con el que se vinculó a la esposa de Felipe González, Mar García Vaquero, es el siguiente entre las preferencias de las sociedades opacas que declaran un domicilio canario. Es, además, el enclave preferido por los intermediarios de la provincia oriental, con 17 empresas inscritas en dicho país.
El abogado Fernando Scornik figura en los papeles de Panamá como intermediario que operó en Gran Canaria. Su nombre aparece ligado a la creación de dos sociedades offshore: Ibon Incorporated y Marina-Marine Properties SA.
La primera de ellas vio la luz en octubre de 1990 y operó en Bahamas durante casi catorce años, hasta marzo de 2004, cuando declaró su inactividad. La segunda centró su actividad en Panamá y arrancó en febrero de 1988. En mayo de 2001, cesó sus negocios.
"No me acuerdo de los detalles, hace mucho tiempo ya", explicó ayer el letrado desde la sede que el bufete tiene en Madrid. Además de en la capital de España y las Islas, cuenta con oficinas abiertas en Barcelona y Londres. Tampoco se explicaba por qué aparecía su nombre en los papeles filtrados desde el despacho panameño de abogados Mossack Fonseca.
Sí relató que Marina-Marine Properties era de "unos irlandeses" que "operaban mucho con sociedades", si bien circunscribió su radio de acción a la menor de las dos principales islas británicas, de la que era originarios. Además, reconoció que en aquellos años ejerció como su abogado, pero señaló que desconocía cualquier vinculación con sociedades opacas.
La base de datos que el ICIJ abrió en la tarde del lunes no aporta ningún dato distinto de Marina-Marine Properties SA al de la propia operativa -nacimiento, defunción y paraíso en el que desarrolló su actividad- de la sociedad. Ni tan siquiera sobre quiénes fueron socios durante el tiempo en que permaneció en activo.
Sobre la otra empresa, Ibon Incorporated, Fernando Scornik explicó que también ejerció como abogado para ella y el socio principal "era un médico de Gran Canaria ya retirado". Se trata de Juan Domingo Garcés Díez quien, siempre según los papeles de Panamá, compartía la empresa con Pilar del Cañizo López.
El ICIJ volvió a resaltar esta semana que la aparición en los documentos no significa la comisión de ningún hecho delictivo. A pesar de ello, por unos u otros motivos, estar ya ha costado sus carreras políticas a José Manuel Soria o al ex primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, por ejemplo.
Ayer, el jefe de Gobierno de Nueva Zelanda, John Key, se vio salpicado por la presencia de su asesor legal, Ken Whitney, en una empresa vinculada con Mossack Fonseca. Según recoge Efe, una investigación periodística sostiene que Whitney ofreció referencias a clientes neozelandeses que buscaban hacer negocios con el bufete panameño.
"Me parece que se está informando de asociaciones muy poco convincentes. A no ser que haya algo ilegal en lo que esta gente ha hecho, no creo que debamos preocuparnos sobre el asunto", afirmó Key según Radio New Zealand.
