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El Gobierno sustituye la expropiación de las casas vacías por el aumento de tasas

Vivienda calcula que hay un parque de 138.000 pisos desocupados al que hay que aplicar medidas "de presión"

El Gobierno sustituye la expropiación de las casas vacías por el aumento de tasas

El Gobierno regional contempla medidas "de presión" para obligar a las entidades financieras y grandes promotoras a sacar al mercado las 138.000 viviendas desocupadas que se acumulan en las Islas. La suspensión por parte del Tribunal Constitucional del registro de casas vacías y la expropiación de su uso previsto por la ley autonómica supone que el Ejecutivo contemple otro tipo de iniciativas, que pasan porque los propietarios de estos inmuebles abonen las tasas municipales aunque los mantengan vacíos y se les pueda incrementar los gravámenes por los servicios públicos.

El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), José Gregorio Pérez Medina, plantea que los ayuntamientos suban los impuestos a los propietarios de las viviendas desocupadas por servicios como el saneamiento, alumbrado, limpieza o abastecimiento de agua. Asimismo, se pretende facultar a las corporaciones locales a cobrar las tasas y precios públicos a estas casas sin esperar a que se vendan o alquilen.

Pérez Medina también advierte que hay que ser más "agresivos" con aquellas viviendas desocupadas que supongan un "peligro" para la comunidad por cuestiones de "salubridad" e "inseguridad" para los vecinos. "De alguna manera hay que hacer ver a los propietarios que el coste por tener la vivienda vacía es mayor que ponerla en uso", agrega.

El representante del Ejecutivo regional participó ayer en el I Foro de la Vivienda Pública en Canarias, organizado por el Diputado del Común y en el que participaron expertos, políticos, técnicos y magistrados para debatir sobre la situación del parque de vivienda pública en las Islas y las necesidades y demandas surgidas a raiz de la crisis económica: desahucios, hipotecas, cláusulas suelo, rehabilitación, ayudas al alquiler, etcétera.

Pérez Medina indicó que el dato más fiable existente actualmente es que hay 138.000 pisos vacíos en el Archipiélago y considera un "mito" los argumentos y cifras que se ofrecen sobre las viviendas públicas desocupadas. La Comunidad Autónoma cuenta con un parque de 27.000 pisos y sólo tiene doce en esta situación -cinco en la provincia tinerfeña y siete en Las Palmas-, por lo que la inmensa mayoría de las casas en desuso corresponden al sector privado.

En la inauguración del foro, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, avanzó que el Ejecutivo estudia dejar de adjudicar sus viviendas sociales en propiedad, como hasta ahora, con el fin de poder traspasarlas de un ciudadano a otro cuando sus ingresos o sus familias crezcan o se reduzcan y poder ser más eficaces en la resolución de la falta de vivienda. Un hogar de protección oficial "cuando se adjudica, puede ser para una familia con tres niños y, pasado el tiempo, puede ser que uno se vaya de casa, o los tres, y esa vivienda pueda pasar a manos de una familia que la requiera en esas circunstancias", explicó Hernández.

En opinión del director del ICV, el Ejecutivo ha dado un giro a la política de vivienda para considerarla como un derecho y una necesidad y no como un bien económicos. "Estamos empeñados en que la vivienda cumpla su función social y establecer una serie de medidas que posibiliten que el acceso sea más ágil para las familias con menos recursos", añadió.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, indicó en la inauguración del foro que lo se busca es "dar a la gente la posibilidad de tener una vivienda digna y no necesariamente tiene que ser en propiedad". Añadió que quien carece de medios para acceder a una vivienda "tiene que poder desarrollar su familia, su entorno y tener garantizado un espacio digno donde vivir y crear familia". El jefe del Ejecutivo regional indicó que la Comunidad Autónoma ha logrado frenar más de 100 desahucios por motivos sociales y económicos.

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, afirmó que promover una reunión así era "indispensable" para "saber cuál es la situación del derecho a la vivienda en nuestro Derecho Constitucional", después de que haya sido puesto en cuestión con fenómenos como los abundantes desahucios llevados a cabo por impagos durante la crisis económica.

Durante el desarrollo del foro varios expertos y técnicos se mostraron contrarios a que la vivienda sea contemplado como un derecho fundamental en vez de como un derecho social, tal y como recoge actualmente la Constitución de 1978. La práctica jurídica y política demuestra que la vivienda tiene una función social que debe ser legislada desde la experiencia que está suponiendo la crisis económica de los últimos años.

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