Gran Canaria copa casi la mitad de las permisos concedidos en el Archipiélago a las viviendas de alquiler vacacional, con 462 unidades autorizadas frente a las 199 de Tenerife o 77 de Fuerteventura. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) facilitó los datos ayer durante su reunión en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) con representantes del Cabildo y ayuntamientos grancanarios junto a organizaciones económicas, como la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y otras instituciones públicas en el marco de su ronda de contactos para consensuar una modificación del decreto autonómico. Entre otras cuestiones, reivindican su instalación en municipios turísticos y rurales, además del servicio de bed and breakfast.
Aunque las consejeras insulares de Política Territorial, Inés Miranda, y Arquitectura y Vivienda, Ylenia Pulido, no acudieron con el "objetivo de adoptar decisiones, sino de escuchar y conocer las demandas" del sector, la presidenta de Ascav, Doris Borrego, consideró que "las cifras cantan, hablan de la predisposición" del Cabildo de Gran Canaria. De 527 solicitudes presentadas hasta marzo, la corporación grancanaria autorizó 477 viviendas de alquiler vacacional, una proporción superior a las restantes islas (Tenerife, 701 peticiones y 199 permisos; Fuerteventura, 1.100 y 77; Lanzarote, 304 y 62, La Gomera, 130 y 1; y ningún trámite en La Palma) con la excepción de El Hierro (38 solicitudes y licencias).
A juicio de Borrego, "Gran Canaria, realmente, está haciendo un esfuerzo y se posiciona a favor de la vivienda vacacionel, es más flexible y no pone trabas como otras islas, como Tenerife".
Oportunidad
También los responsables consistoriales se mostraron, según la dirigente de Ascav, "plenamente por la labor" al considerar la vivienda vacacional como "una oportunidad para los municipios, siempre que se garantice la calidad y la seguridad jurídica tanto para los propietarios como para los turistas".
La reunión de ayer en Vecindario contó con la presencia de la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana, Dunia González, y de su homólogo en San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, además de concejales y técnicos del 80% de los municipios de la isla, según Ascav. Tras calificar de "impresionante" la participación de las instituciones grancanarias, Doris Borrego lamentó el silencio del Gobierno de Canarias, pese a las "promesas desde junio del pasado año sobre la máxima prioridad de la modificación del decreto" aprobado a finales de la pasada legislatura.
"El presidente [canario, Fernando Clavijo] lleva más de siete meses hablando de consenso y nada, ni siquiera nos hemos reunido para tomar las riendas", añadió la presidenta de Ascav, que ya solicitó a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte una copia de informes inéditos sobre el sector encargados en octubre. Además, "es mentira que suspendieran las sanciones, incluso continúan las inspecciones de oficio en Tenerife", criticó Borrego.
Desde la FEHT abundaron en los reproches a través del presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros de Las Palmas, Tom Smulders, que consideró a los últimos gobiernos autonómicos como "expertos en crear normativas inflexibles y en no reconocer sus grandes errores". Después de apoyar "del 70 al 80%" de las reivindicaciones de Ascav, Smulders subrayó la necesidad de modificar el actual decreto de vivienda vacacional mediante "consenso y sentido común" para garantizar tanto la calidad del servicio como los derechos de dueños y clientes sin convertirse en "competencia desleal" para las restantes empresas turísticas.
Tras arrancar en Tenerife a finales de abril y seguir ayer en Gran Canaria, Ascav continuará con su periplo en busca de respaldo institucional en Lanzarote (24 de mayo) y Fuerteventura (25).
