A menos de un mes de las elecciones sindicales en el Servicio Canario de Salud (SCS) las aguas bajan más revueltas que nunca en la Federación de Salud de Gran Canaria de Intersindical Canaria (IC). Las pesquisas realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a raíz de la denuncia interpuesta por varios miembros del sindicato detectan hasta la fecha irregularidades en pagos por valor de 21.880 euros. Según el testimonio de los impulsores de la causa, el montante total podría elevarse hasta los 80.000 euros.
Dos facciones enfrentadas desde que se produjeron cambios en la Secretaría de Finanzas de la mencionada Federación y se detectó un modo sui géneris de llevar los números. Para comenzar, hasta un año tardaron en dar acceso a las cuentas a los nuevos encargados de las finanzas. La falta de enmienda y explicaciones, solicitadas de manera reiterada, terminó por llevar el caso al Juzgado de Instrucción numero 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta la fecha solo se ha producido la imputación del hijo de uno de los integrantes de la Secretaría de Finanzas. Este reconoció que extrajo "por error" 4.000 euros de la cuenta de la organización sindical, a pesar de que para hacerlo necesitaba contar con las claves de otro de los componentes del órgano contable. Devolvió la totalidad de la suma y su padre abandonó el sindicato.
Las investigaciones policiales han continuado desde entonces sin que hasta la fecha se hayan producido más imputaciones. En una de las últimas diligencias, el juez ordenó a la Federación Insular de la Salud de IC poner a disposición de la UDEF los libros contables mayor y diario desde el primer día de 2011 hasta el último de 2014.
La Policía Nacional ha centrado sus pesquisas en una serie de transferencias "sin justificación alguna aparente" a cuentas corrientes de tres componentes del Secretariado Insular de la Federación de Salud de IC de Gran Canaria. Tras tomar declaración a varios sindicalistas, los investigadores de la UDEF concluyeron que gran parte de las transferencias venían motivadas por el pago "de facturas, gastos, devolución de cuotas al sindicato, dietas, etc., si bien existen indicios para pensar que dichos movimientos no se encontraban debidamente justificados en la actividad sindical".
A partir de ese momento, el informe relata una serie de "imprecisiones". De ahí que los agentes solicitaran al juez que librara la providencia por la que exigió al sindicato la entrega de la contabilidad oficial. Entre las zonas oscuras se encuentran ingresos conceptuados como devoluciones de cuotas que nadie pudo acreditar que fueran tales.
El lunes finaliza el plazo para presentar las listas con las que la organización sindical concurrirá a los comicios del 9 de junio en los que se elegirá a los representantes de los trabajadores en el SCS. Si nada cambia en estos tres días, concurrirán dos planchas, la oficial y la que sostendrán varios de los denunciantes de las irregularidades, lo que puede terminar en una nueva judicialización de la vida del sindicato para determinar cuál es la plancha a la que podrán votar los 11.000 trabajadores del SCS llamados a las urnas.
Las disputas originadas por las irregularidades contables han provocado que en este momento esté en discusión hasta la propia composición de la Federación de Salud de Gran Canaria. A las primeras denuncias siguieron suspensiones de militancia y hasta agresiones que se sustanciaron en sentencias favorables a uno de quienes dieron la voz de alarma sobre la extraña contabilidad.
La oficialidad del sindicato tuvo que dar marcha atrás y readmitir a los expulsados. Estos generaron y ganaron un congreso que los primeros intentaron anular y, tras no conseguirlo, decidieron retrotraerse al inicio del conflicto para mantener su presencia en el órgano. Es decir, ahora mismo también existe una duplicidad en la propia Federación de la Salud.
