La Comisión Europa ha aparcado la decisión sobre una posible multa a España por los incumplimientos del objetivo de reducción del déficit público y ha dado un ejercicio extra al futuro Gobierno para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3% (al 2,5% en 2017, según la nueva hoja de ruta). A cambio, España queda obligada a un nuevo ajuste de 8.100 millones en dos años. Tales decisiones coinciden con otras referidas a más países del Sur que sugieren que las autoridades europeas han suavizado el código de la austeridad. Portugal también gana un año para aligerar sus desequilibrios e Italia, bajo la lupa por su colosal deuda pública, logra más tiempo y un margen extra de gasto.
Europa templa la terapia para el Sur en tiempos de turbulencias políticas, efectos secundarios de la mano dura de los años precedentes y de la gravedad misma de la Gran Recesión. La Comisión Europea lo acompaña de amonestaciones y nuevas exigencias, en su afán por mantener erguida la credibilidad de las reglas y de las instituciones de la zona euro. De ahí también que las concesiones a España y a Portugal se hayan quedado en un año extra, cuando por la envergadura del desfase, por las expectativas de desaceleración económica global y por los desequilibrios estructurales que persisten podría defenderse que fueran dos.
Europa afloja, aplaza la decisión de multar a España hasta julio y con ello también da oxígeno a Mariano Rajoy ante una contienda electoral en la que su discurso sobre el rigor en la gestión económica quedaría comprometido si hubiera de presentarse ante los ciudadanos con un ajuste adicional de 2.000 millones de euros bajo el brazo para pagar una sanción por la indisciplina fiscal de estos años.
Aislando las consideraciones políticas sobre la motivación de Bruselas, la situación del déficit y sobre todo el ascenso de la deuda muestran que persisten problemas de alcance en las finanzas públicas españolas. Con la economía creciendo un robusto 3,2% en 2015, España sólo recortó el déficit seis décimas (del 5,79% al 5,16%) y la deuda ha rebasado este año el 100% del PIB, algo que no ocurría desde 1906. La magra reducción del desequilibrio presupuestario se produjo además en un contexto de ahorro en costes financieros, por los tipos de interés ultrabajos inducidos por la política monetaria del Banco Central Europeo, y de descenso del desembolso en prestaciones de paro.
Cierto es que en las dinámicas del gasto están presionadas por factores de compleja solución (por ejemplo, el agujero de la Seguridad Social) y que son posibles nuevas ganancias de eficiencia en las autonomías y en la Administración central, pero ante discusiones que se van a reproducir camino del 26J sobre los impuestos y la sostenibilidad del Estado de bienestar, es oportuno recordar que la principal divergencia de España respecto a Europa está en los insuficientes ingresos (37,5% del PIB, frente a una media europea del 45,2%), no en el exceso de gasto público (43,6% del PIB, por debajo del 48,1% del promedio). La forma de actuar la esbozó la comisión de expertos que asesoró a Rajoy para una reforma tributaria: rectificar un sistema impositivo plagado de vías de agua y propicio para el fraude. Pero el Ejecutivo optó por una rebaja fiscal camino de las elecciones que, además de irritar en Bruselas, contribuyó, a criterio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, al exceso de déficit que heredará el próximo Gobierno.
