Allá en octubre de 2010, el Partido Popular consideraba roto el Pacto de Toledo por la decisión del Gabinete que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de congelar las pensiones para el siguiente ejercicio presupuestario. Ya en 2013 sería el PP el acusado de dinamitar el compromiso de consenso con su reforma del sistema. Culpables al margen, lo cierto es que ese Pacto de Toledo, esa comisión plural en la que fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones empresariales deberían decidir en común todo lo relacionado con el sistema de pensiones, ha sido arrinconado varias veces. En la actual precampaña electoral, ha sido el líder y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien hace solo unos días hizo pública su intención de poner en práctica, en el caso de llegar a la Moncloa, un "recargo de solidaridad" (un impuesto) a las rentas altas y grandes patrimonios para sostener el sistema. Una medida que, de entrada, amenaza a alrededor de 18.000 grandes contribuyentes del Archipiélago.

A falta de que el candidato del Partido Socialista (PSOE) concrete su propuesta, las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria revelan que las rentas altas en la región son exactamente 17.600. Cerca de 18.000 declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que superan el umbral de los 60.000 euros anuales de ingresos, ese que marca el mínimo a partir del cual la persona pasa a integrar el selecto grupo de los grandes contribuyentes.

De esos algo menos de 20.000 ciudadanos de las Islas concernidos por el anuncio de Sánchez, alrededor de 2.000 tendrían imposible escapar del nuevo impuesto. No en vano, son quienes declaran rentas de entre 150.001 y más de 601.000 euros anuales. Hay que puntualizar que aquellos que ingresan más de 601.000 euros no llegan al centenar, tal como descubren los datos del fisco. La indefinición del líder del PSOE es la que deja en el aire qué pasaría con esas rentas altas que, sin embargo, no son tan altas, es decir, con esas que están entre 60.001 y 150.000 euros, que en Canarias son poco menos de 16.000. Sea como sea, y tratándose de un impuesto que se dedicaría íntegra y exclusivamente para el sostenimiento del sistema de pensiones, no parece lógico excluir a ese grupo que está entre los 60 y los 150.000 euros anuales de ingresos, habida cuenta de que las rentas muy altas (más de 150.000 euros) son pocas, apenas unas 63.000 en todo el país, puntualizan los expertos consultados.

Rentas y patrimonios

Hay también que puntualizar que la idea de Pedro Sánchez, según él mismo avanzó, no afectaría solo a las rentas altas, sino también a los patrimonios altos. En el caso de la Comunidad Autónoma, son 6.092, exactamente, los declarantes del impuesto, cuyos patrimonios ascienden a prácticamente 18.000 millones de euros, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, de modo que la media es de unos 2,9 millones.

Durante el Fórum Nueva Economía, en que Sánchez adelantó sus intenciones, el líder socialista también aseguró que pretende revitalizar el Pacto de Toledo. Hay, no obstante, quienes juzgan que existe cierto contrasentido en anunciar una medida del calado de este "recargo de solidaridad" sin haberse discutido en la comisión y, al mismo tiempo, afirmar que se persigue fortalecer el pacto. En esta línea, la exdiputada de Coalición Canaria Ana Oramas considera que las pensiones "no puede ser un tema de batalla política". La también cabeza de lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife entiende que la discusión debe volver al ámbito de los asuntos de Estado. En definitiva, la nacionalista opina que los anuncios preelectorales relacionados con las pensiones, y ello en el caso de "todos" los partidos, deberían limitarse a señalar la importancia de que, "entre todos", se busque la fórmula que garantice el sostenimiento del sistema. "Lo que se tiene que decir, por todos los partidos políticos, es que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo garantizar las pensiones, en buscar cuál es el sistema que puede soportar esta sociedad y el más adecuado", argumenta, e insiste en que este "no es un tema a corto plazo". "Yo estoy en el consenso, en el Pacto de Toledo y en la dignidad de las pensiones", subraya.

Desde el PP, su presidente en Canarias, Asier Antona, no solo cree intempestivo el anuncio de Sánchez, sino que se muestra abiertamente en desacuerdo con el fondo de la propuesta: "Con más impuestos no solo no contribuiremos a sostener las pensiones, sino que atacamos a la economía real y la creación de riqueza, única manera de financiar el estado de bienestar". En consecuencia, Antona pone énfasis en que garantizar el sistema de pensiones implica una economía en crecimiento capaz de crear puestos de trabajo: "Con eso tendremos más personas aportando a la Seguridad Social y fortaleciendo el sistema; esa, y no esta de Sánchez, aparece como la mejor medida al respecto". Por otra parte, el líder de los populares del Archipiélago se muestra sorprendido, asevera, por el hecho de que sea Pedro Sánchez el que haga esta propuesta, "cuando su partido congeló las pensiones, como sabemos, al final de la etapa de Rodríguez Zapatero".

A diferencia de Antona, el presidente y portavoz de Nueva Canariasen la Cámara autonómica, Román Rodríguez, no ve una "barbaridad" la propuesta del candidato del PSOE, partido con NC va en confluencia el 26-J. Quien fuera jefe del Gobierno regional entre 1999 y 2003 hace hincapié en la necesidad de "ingresar más" no solo para el mantenimiento del sistema de pensiones, sino para el del estado del bienestar en general, de ahí que la idea de Sánchez no le parezca descabellada. Rodríguez, eso sí, recuerda la importancia de perseguir eficazmente el fraude fiscal, que detrae de las arcas públicas estatales entre 60 y 70.000 millones de euros.

Además, el líder nacionalista resume la disyuntiva respecto de las pensiones: o recaudar más vía impuestos o aumentar las cotizaciones. En este sentido, apuesta, por ejemplo, por fijar un mínimo en el impuesto de Sociedades, impuesto que ha desembocado en la paradoja de que son las grandes empresas, en general, las que tributan menos (entre un 5 y un 6%) en detrimento de las más pequeñas. "Hay que poner un mínimo, y sobre todo evitar deducciones en las grandes empresas", sentencia.