Las pequeñas y medianas empresas canarias critican que todavía hay administraciones públicas que incumplen sistemáticamente los plazos fijados por ley para pagar a sus proveedores. Según los datos que maneja la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), la demora supera en algunos casos los 280 días frente a los 60 días que, como máximo, establece la legislación.
Muchos ayuntamientos y algunos organismos dependientes de la Comunidad Autónoma figuran entre los más morosos, según los representantes de las pymes. Los problemas en el ámbito autonómico siguen centrados en el Servicio Canario de Salud a la hora de abonar el pago por los suministros, material, medicinas o servicios que se prestan por las empresas a la sanidad pública. Los ayuntamientos con mayores dificultades económicas también acumulan retrasos en estos pagos.
Esta es una de las principales peticiones que recoge Cecapyme en el documento que su junta directiva le entregó al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que ayer visitó la sede de la organización empresarial en la capital grancanaria para oir las reivindicaciones de la sectorial.
El presidente de Cecapyme, José Juan Socas, se quejó al jefe del Ejecutivo regional de la campaña puesta en marcha por la Inspección de Trabajo de Canarias para controlar el cumplimiento de la jornada laboral completa al fin de evitar abusos en las horas extra. El empresariado lo rechaza porque contraviene la flexibilidad laboral.
"Se está demonizando en exceso a los empresrios y viene como consecuencia de una resolución judicial que afecta a una empresa en concreto y parece que ahora todos incumplen", advierte Socas. El dirigente empresarial considera que el control que quiere implantar la Inspección es "muy complicado" porque hay empresas que pueden tener personal desplazado en obras, comerciales y otras categorías. Los controles ya se han iniciado y también los problemas, por ello la próxima semana los representantes de Cecapyme mantendrán una reunión con la Consejería de Empleo para abordar esta situación.
La demanda de Cecapyme es que se vuelva al modelo anterior a esta resolución porque, según Socas, se está incluso planteando que sean los clientes de las empresas de servicios los que "controlen" a los trabajadores para comprobar que cumplen con su jornada laboral.
Otra de las cuestiones planteada al presidente del Ejecutivo es que se adopten medidas para facilitar el acceso de las pymes a las contrataciones del sector público. Cecapyme advierte que no se está cumpliendo con rigor el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público ya que el acceso a los concursos públicos de las pymes se ve imposibilitado por las condiciones de los mismos debido a los elevados avales que se piden, lo que favorece a las grandes empresas.
Por eso Socas demandó a Clavijo que los contratos se dividan en lotes pequeños para que sean varias las pymes que puedan entrar en el concurso, ya que también se abarataría el coste del aval.
Despues de casi un año de gestión del Gobierno que preside Fernando Clavijo, el presidente de Cecapyme cree que el Ejecutivo ha asumido una "sensibilidad especial" con las pymes, se han tomado medidas pero "hay que ir un paso más allá" en cuestiones como los concursos públicos, donde Socas cree que la Administración autonómica aún es reticente.
Cecapyme cree que poco a poco se está normalizando la fluidez del crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero Socas cree que aún es insuficiente para consolidar la actividad económica del tejido empresarial de las Islas.
