La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La inspección no juega su papel

Ningún establecimiento turístico deteriorado ha sido sancionado con la pérdida de su categoría - La falta de un eficiente control público acusa la obsolescencia del destino

La inspección no juega su papel

La inspección turística de Canarias lleva tiempo en cuestión. Pero en los últimos meses se ha recrudecido el debate sobre el papel que le corresponde jugar y su capacidad real para controlar la amplia infraestructura del destino. En dos recientes congresos celebrados en Gran Canaria y Tenerife, diversos ponentes llamaron la atención sobre la falta de eficiencia del control público sobre los establecimientos turísticos de las islas. Y el Parlamento de Canarias, a iniciativa de Nueva Canarias, debatió la cuestión hace apenas dos semanas.

"La inspección turística no tiene personal suficiente, pero además está mal orientada", explicó José Fernando Cabrera en el congreso de Arona. El ex presidente de Ashotel explico que, al limitar su presencia a aquellos casos en que hay una reclamación, "la inspección obvia su importante papel en la comprobación del mantenimiento permanente del nivel de calidad y servicio de los complejos, y su consecuente recalificación". Cabrera añadió: "No conocemos ningún caso en que, como consecuencia del deterioro, se le haya rebajado la categoría a algún establecimiento". Y concluyó que, de haber actuado así, se habría atenuado el problema de la residencialización de las zonas turísticas, objeto de su ponencia.

"Lo más nefasto"

Más duro fue aún fue el empresario Tom Smulders, que en unas jornadas celebradas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se lamentó así: "La inspección es lo más nefasto que hay en Canarias. Hay edificios obsoletos que un día se van a caer, sin que haya hecho nada".

Pero no sólo el fenómeno de la residencialización, la obsolescencia general del destino podría haber sido paliada, al menos en parte, si a lo largo de estas décadas hubiera funcionado el mecanismo de control público que el Gobierno de Canarias tiene el deber de realizar sobre el sector turístico.

Del total de 416.000 plazas alojativas que oficialmente existen en Canarias, hasta el 67% necesita rehabilitación, según el último cómputo realizado por la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna. Es decir, más de 250.000 camas en el conjunto de las Islas, sin contar la oferta ilegal. Pero solo 14 profesionales integran actualmente el cuerpo de inspectores turísticos de Canarias, por lo que a cada uno de ellos corresponde supervisar más de 29.700 camas al año.

Precisamente en torno a esta escasez de personal y recursos giró el debate parlamentario, que llevó al diputado de NC, Román Rodríguez, a calificar de "imposible" la labor de control que deben desempeñar estos funcionarios públicos. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, explicó por su parte que esta plantilla era la mitad hace apenas un año, y que una de las prioridades de su Ejecutiva fue incrementarla. Pese a lo cual consideró que sigue siendo "insuficiente".

Más denuncias que sanciones

En 2015, los inspectores levantaron un total de 666 actas de sanción en Canarias en este sector. Pero las denuncias fueron más del doble de esta cantidad: 1.423. El dato es significativo si se tiene en cuenta que, como recalcaba José Fernando Cabrera, este cuerpo inspector no actúa de oficio. Pero es que, además, cerca del 60% del total de estas infracciones fueron calificadas de leve. Y tan solo el 1% fue calificada de muy grave. Además, la fiscalización pública del sector turístico no se limita a los alojamientos, sino que incluye a los establecimientos de restauración, e incluso a la actividad de otros profesionales como las agencias de viajes o los guías turísticos.

Ante esta realidad, la Consejería de Turismo ya ha anunciado que realizará un diagnóstico de las necesidades inspectoras de Canarias en materia turística y pondrá en marcha un nuevo plan de inspección que incluya la actuación de oficio de sus funcionarios.

Pero la demanda de más inspectores no es nueva. Hace más de diez años, el entonces consejero de Turismo defendió la necesidad de contar con un Plan de Inspección Turística de Canarias. Manuel Fajardo logró incluso aumentar el escuálido número de inspectores de la época y planteó la necesidad de reconsiderar la posibilidad de delegar competencias de inspección a los cabildos. Actualmente, sigue en manos de la comunidad autónoma, salvo en cuestiones relacionadas con el control de la seguridad en las piscinas, que realizan los ayuntamientos. Mientras los cabildos supervisan el control de la legalidad a la hora de conceder la correspondiente licencia.

La vigente Ley de Turismo trató también de dar un impulso definitiva a la mejora de la capacidad inspectora de Canarias sobre su sector turístico. Y creó, para ello, la novedosa figura de la Inspección Técnica Turística (ITT), más conocida como la ITV turística.

El entonces consejero competente, Domingo Berriel, lo explicó así: "Todos los alojamientos turísticos de Canarias con más de diez años de antigüedad tendrán que pasar una inspección técnica periódica, similar a la de los vehículos. Para la primera revisión tienen dos años como máximo desde la entrada en vigor de la ley [junio de 2013]. Las siguientes se realizarán cada lustro".

La medida afectaría, según las previsiones del Gobierno, a más de 2.500 alojamientos de las Islas. Y, dada las citadas limitaciones inspectoras de la comunidad autónoma, habilitaba a "colaboradores" para realizar dichas inspecciones. Creando, de paso, un nuevo nicho de empleo: nuevas empresas multidisciplinares. Arlangton fue una de las seis o siete pioneras que asumieron el reto, se acreditaron y han preparado equipos para realizar las inspecciones técnicas. Su socio director, Arturo Lang-Lenton, valora así la iniciativa: "No cabe duda que, bien enfocada, esta figura puede ser una herramienta muy potente para el control de la calidad de las infraestructuras, además de una oportunidad para las empresas especializadas".

Ni en marcha ni derogada

Pero la modificación de las inercias administrativas es tan ardua que, a fecha de hoy, la ITT no está ni en marcha ni derogada. Para salvar el cumplimiento de los plazos, el Gobierno ha interpretado que los dos años computan desde la aprobación del decreto que desarrolla la ley, y no la ley misma. Por lo que, según esta prórroga, queda menos de un año para que los establecimientos hoteleros acrediten su calidad urbanística a través de esta vía de control.

Como la ITV automovilística, este sistema jurídico garantizaría que ningún establecimiento circulara en el mercado turístico sin haber superado la correspondiente inspección técnica, que abarca desde la valoración de las estructuras hasta aquellos factores que incidan en la imagen del edificio.

Pero Fernando Clavijo ni siquiera hizo referencia al desarrollo de esta figura en la interpelación parlamentaria sobre el estado de la inspección turística en Canarias, por lo que su Gobierno tendrá que despejar en los próximos meses la duda de si dará continuidad a esta iniciativa del anterior Ejecutivo. O si la anunciada reforma de la actual ley turística, previsiblemente en 2017, incluirá la supresión o modificación de la aún non nata ITT, dado que, por los costes que implica, no es bien vista por parte del sector empresarial.

Compartir el artículo

stats