El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó ayer la fianza aportada mediante una garantía hipotecaria de cuatro fincas en Corralejo (Fuerteventura) por dos altos cargos de la Fundación Francisco Franco, los hermanos Jaime y José Ángel Alonso García, por ser insuficientes para cubrir la caución de 300.000 euros exigida al exbanquero Mario Conde para salir de prisión. El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda que la fianza debe presentarse en metálico o mediante un aval bancario, y explica que las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores no dejan de ser informes de parte "sin inspección ocular y efectuadas por el método de comparación ajustado". Con lo que el exbanquero permanecerá aún en prisión.

El instructor, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, indica que las notas del registro de la propiedad que incluyeron no están certificadas "observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales". El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial, al entender que "no se estima adecuada" la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval bancario. "Todo ello con el fin de asegurar que el investigado señor Conde no se va a sustraer a la acción de la justicia", agregó.

Jaime Alonso García, que ocupa la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Francisco Franco, y José Ángel, miembro del patronato, depositaron como aval cuatro fincas situadas en Fuerteventura valoradas, según los cálculos aportados por ellos mismos, en 610.818 euros, consintiendo que pudieran ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad del expresidente de Banesto.

Procedencia "desconocida"

La fiscal Anticorrupción Elena Lorente argumentó que este tipo de garantías deben tener una admisión "extremadamente prudente y cautelosa" para garantizar la libertad provisional y pidió investigar la relación que unía a los hermanos, que son accionistas de Los Carrizos de Castilblanco, sociedad de la que conde era administrador, con el exbanquero o sus allegados. Ya que ve indicios de que puedan estar involucrados en la trama de blanqueo. Esta última petición fue rechazada por el magistrado.

Según expuso Lorente, el expresidente de Banesto adeuda 10 millones de euros a la Justicia y en los últimos años no ha declarado el IRPF de los ejercicios 2013 y 2014, mientras que consideró que el investigado tiene recursos económicos "desconocidos", como acredita la incautación en su casa de la calle Triana de Madrid de diversos certificados de obras de arte.

El ex presidente de Banesto ingresó el pasado 13 de abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar fondos procedentes del llamado "caso Banesto". Entre 1999 y 2014, habría blanqueado cerca de 13 millones de euros, 2,2 de ellos a través de ingresos en efectivo y 10,7 mediante transferencias en cuentas en el extranjero. Pedraz señala en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que el exbanquero abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.