La Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) han presentado al Gobierno de Canarias un plan para "erradicar la plaga de la economía sumergida" basado en la "reactivación" del departamento de ayuda a la legalidad. No en vano, las dos patronales consideran que las actividades en negro están teniendo "devastadoras consecuencias, ya que suponen un fraude para la sociedad, privan a los trabajadores de sus derechos, producen un estado de indefensión legal ante los consumidores, distorsionan la competencia empresarial y generan pérdidas recaudatorias para las administraciones públicas".
Femete y Femepa recordaron que los porcentajes de la economía sumergida continúan siendo "sangrantes". Hace tres años, la economía sumergida ya representaba el 28% del Producto Interior Bruto (PIB) canario, lo que supone un total de alrededor de 11.700 millones de euros y afectaba a un total 125.000 empleos, según declaró en una comisión parlamentaria la entonces consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo. "Por desgracia, nos consta que los datos ahora son similares a los expuestos entonces por la consejera, de ahí que hayamos propuesto al Ejecutivo autonómico que retome el departamento de ayuda a la legalidad, cuya eficacia ha quedado demostrada de sobra, que se verá reforzado con la puesta en marcha de otra novedosa y potente herramienta, www.yosoylegal.es, un apágina web concebida para promocionar y poner en valor a los profesionales que cumplen con la legalidad frente al intrusismo y la competencia desleal", expusieron las dos patronales.
Las federaciones ahondaron en este problema y expusieron que un 19% de las personas que trabajaron en el sector industrial se encontraban prestando sus servicios sin un contrato que les respaldara mientras, de forma simultánea, estaban cobrando una prestación por desempleo, según datos extraídos del estudio sobre economía sumergida publicado por el sindicatos UGT Canarias en el año 2010. Además, cabe destacar que un 10% de estas personas sufrieron accidentes laborales y se vieron obligadas a costear por sí mismas la rehabilitación al no estar legalizada su situación laboral: ni tenían contrato ni, lógicamente, estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Gracias a la iniciativa del departamento de ayuda a la legalidad, aseguraron Femete y Femepa, "entre los años 2000 y 2011, solo en la provincia tinerfeña fueron visitadas 11.393 empresas irregulares o ilegales, retornando a la Administración un total de 1.914.144 euros y presentando 454 denuncias a empresas que, a pesar de que previamente habían sido informadas y asesoradas, decidieron no iniciar los trámites para regularizarse".
"En la provincia de Las Palmas, los datos son similares, por lo que las cifras expuestas habría que duplicarlas", señalaron ambas organizaciones empresariales. Atendiendo al número total de expedientes incoados en ese mismo período de tiempo, en la provincia tinerfeña se gestionaron 968 trámites de esta naturaleza (25,77%) en Hacienda y Seguridad Social, 1.312 trámites (34,93%) en la Consejería de Empleo, Industria, y Comercio, 583 trámites (15,52%) en los diversos ayuntamientos y 893 trámites (23,78%) en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
