La incipiente recuperación de la economía aún no alcanza a muchas familias canarias. Cuando menos no tanto como cabría esperar vista el alza de las magnitudes macroeconómicas. Las renuncias a herencias son uno de los indicadores que evidencian ese desfase entre las cifras de la macroeconomía y la economía real. Y los últimos datos no son nada halagüeños en el caso de las Islas. No en vano, entre enero y marzo se rechazaron en el Archipiélago más legados que en el mismo período de cualquiera de los ocho años anteriores. En otras palabras: desde el primer ejercicio que discurrió sumido de lleno en la crisis, es decir, el de 2008, nunca se habían rechazado tantas herencias, ni siquiera en los años más duros de las estrecheces. La rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, una de las primeras medidas de calado de la consejera de Economía, Hacienda y Seguridad, Rosa Dávila, no empezará a notarse, para alivio de los contribuyentes canarios, hasta después de junio, según han explicado desde el departamento del Ejecutivo regional.

Las Islas figuran entre las 11 comunidades autónomas en que las renuncias a herencias aumentaron en el primer trimestre del año con respecto a los mismos meses de 2015. Se incrementaron menos en Extremadura (172, solo cinco más que entre enero y marzo de 2015) y más en La Rioja (81, un 45% más), que son los dos territorios que abren y cierran la lista de donde los testamentos sin herederos siguen aumentando. En el caso de Canarias, sus ciudadanos rechazaron 332 legados en los tres primeros meses de este año, 29 más que en el mismo período de 2015, según las últimas estadísticas del Consejo General del Notariado. El incremento es, por tanto, de un 9,5%.

Con todo, acaso el dato más preocupante sea que esas 332 renuncias suponen la cantidad más alta desde 2008, el año en que la crisis comenzó a hacer estragos en la economía a pesar de que no fueron pocos quienes negaron su existencia. Entre enero y marzo de aquel primer ejercicio de estrecheces, solamente fueron 88 las herencias que se rechazaron en el Archipiélago. A partir de entonces, y en consonancia con la cada vez más difícil situación socioeconómica, las renuncias no han dejado de crecer. En todo 2008 se contabilizó un total de 429; en 2009 fueron 496; en 2010, 518; en 2011, 645; en 2012, 718; en 2013, 881; y en 2014, 1.216.

De continuar la tendencia que las cifras mostraron en el primer trimestre de este año, los canarios habrán rechazado más de 1.300 legados cuando finalice el ejercicio, una cantidad récord. La propia consejera de Hacienda del Gobierno autonómico calculó en su día en más de 5.000 las familias de la región que, entre 2007 y 2014, se vieron obligadas a no aceptar una herencia por la imposibilidad de afrontar los gastos tributarios que ello implica.

Antes del estallido de la crisis, el número de herencias rechazadas era casi anecdótico. De hecho, el incremento entre 2007, cuando hubo 338 casos, y 2014, cuando fueron 1.216, llega a un 260%. Dos factores confluyeron entre esos años: por un lado, la falta de liquidez y el alto nivel de endeudamiento que las estrecheces dejaron en los hogares y las empresas; por otro, esa necesidad de aumentar los ingresos que tanto acució a la Administración pública. Este fue el caso del anterior Ejecutivo canario, el que presidió Paulino Rivero, que en julio de 2012 decidía dejar sin efecto la bonificación del 99,9% en el pago del impuesto, de modo que el tributo pasó de ser inexistente para el bolsillo de los ciudadanos a suponer una carga prácticamente inasumible en tiempos de tan dura crisis. La comunidad se encontró así entre las autonomías con los gravámenes más altos de todo el país.

Dávila anunció en septiembre del año pasado que el Gobierno trataría de evitar que los bienes de tantas familias acabaran formando parte del patrimonio del Estado. Así, y desde el 1 de enero, los canarios ya no tienen que pagar el impuesto que grava las herencias una vez recuperada la bonificación. Sin embargo, eso sí, esta rebaja tributaria no se notará en las estadísticas hasta después de este mes, ya que los contribuyentes tienen seis meses para liquidar el impuesto, con lo que entre las 332 renuncias que hubo entre enero y marzo hay incluidas también de los últimos meses de 2015.

En resumen, la bonificación se aplica en los casos de herencias de fallecidos a partir del 1 de enero. La consejería calcula el ahorro anual para los bolsillos de los canarios en unos 60 millones de euros.