La Fiscalía de Las Palmas solicita dos años y medio de cárcel para el asesor fiscal Murli Kessomal por aconsejar a la empresa Amadores Dunas SA una operación destinada supuestamente a defraudar impuestos a través de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) y el Régimen Especial de las Fusiones (FEAC).
La fiscal delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, acusa al reputado asesor de la capital grancanaria y a la empresa turística de un delito contra la Hacienda Pública. Además de los dos años y seis meses de prisión, el ministerio fiscal reclama una multa de 890.129 euros para cada acusado, así como la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas y de disfrutar de incentivos o de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
La Fiscalía también pide que los investigados, si finalmente resultan condenados por un juzgado de lo penal, indemnicen a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) con 445.064 euros, cantidad que se corresponde con el dinero supuestamente dejado de ingresar al erario público al no materializar en la RIC una parte del dinero obtenido en la venta de un hotel.
La operación se cerró el 17 de octubre de 2007 en el sur de Gran Canaria por importe de 60 millones de euros. La compañía liquidó el Impuesto de Sociedades con un resultado contable de 1,7 millones y una base imponible de 445.940 euros, tras reducirla en 1,4 millones en concepto de dotación a la RIC. Pero no la materializó el 31 de diciembre de 2011, que era cuando se cumplía el plazo máximo, sino que ese año la sociedad fue absorbida por la empresa matriz del grupo y se acogieron al FEAC, según la fiscal con la finalidad de ahorrarse la tributación de la RIC no materializada y tratar de evitarla con la aplicación del régimen fiscal especial propio de las fusiones.
"Dicha operación era aparentar la aplicabilidad del FEAC para evitar la tributación que sin dicho régimen especial se devengaría de manera inminente por la falta de materialización de la RIC de 2007", razona Ríos en su escrito de conclusiones provisionales, que se sustenta en los informes de varios inspectores de la Agencia Tributaria en Canarias.
Al menos se ha abierto durante los últimos años una decena de expedientes sancionadores por diferencias con asesores fiscales relacionadas con la RIC, aunque en este caso la supuesta cuota defraudada ha llegado a la vía penal porque supera los 120.000 euros y, además, tiene como novedad en este caso que está asociada al régimen de las fusiones.
La fundamentación del FEAC, según la fiscal, es que la fiscalidad "no sea ni un freno ni un estímulo" en la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, pero en esta ocasión no se ha utilizado de forma neutra, sino para "compensar" el importe de la RIC con "las pérdidas que arrastraba la entidad absorbente", de forma que "la falta de cumplimiento" del compromiso de inversión asumido por la dotación de la RIC, "no tuviese coste fiscal efectivo para la entidad incumplidora", subraya el ministerio público.
La compañía, con esa fórmula, "omitió la obligación" de declarar e ingresar una cuota que asciende a 445.064 euros, con el consiguiente perjuicio para el erario público, agrega la Fiscalía en su escrito de acusación, que lleva fecha del pasado 11 de marzo e interesa la apertura de juicio oral en el juzgado de lo penal que por turno corresponda.
La Fiscalía de Delitos Económicos, como es habitual en la mayoría de sus casos, solicita que declaren como peritos al menos tres inspectores de la Agencia Tributaria, cuyos informes suelen constituir la prueba de cargo en este tipo de procedimientos tan técnicos.
El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria tras la denuncia formulada por la fiscal en 2013 por un delito contra la Hacienda Pública.
