La Comisión Europea (CE) accedió en mayo a dar a España un año más de plazo (hasta 2017) para situar su déficit por debajo del 3% como exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque se da por hecho que España tampoco cumplirá y que no lo hará hasta 2018, según la CE y el Banco de España. La concesión de una nueva prórroga a España enfureció a Alemania y a sus aliados. Los servicios jurídicos del Consejo de la UE dieron la razón a los críticos y supeditaron el otorgamiento de otro margen a España y a Portugal a que ambos países fuesen sometidos -por vez primera en la UE- a un expediente de sanción por déficit excesivo.
España, que ya está emplazada por sus socios a acometer un ajuste de 8.000 millones porque el presupuesto de este año fue juzgado como irreal, podría ser impelida -bajo la nueva tutela a la que podría verse sometido el país, de prosperar la sanción con un sistema de vigilancia reforzada- a esfuerzos adicionales mediante recortes de gasto, reformas o subidas impositivas. Las vías indoloras de reducción del déficit (con más crecimiento o con más inflación) no parecen viables con las previsiones económicas actuales.
El ejecutivo de Rajoy ya hizo una retención de gasto por 2.000 millones (cuantía análoga al máximo de sanción que la UE podría imponer a España) que afecta sobre todo a Fomento, Industria y Economía. Pero en una carta que Mariano Rajoy envió el 5 de mayo al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, se comprometió a más: "En la segunda mitad del año, una vez que haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas". Rajoy no las explicitó. La promesa electoral del PP de hacer más rebajas fiscales en 2017 irritó aún más a la UE.
