Es difícil medir el volumen de la economía sumergida, esa que elude obligaciones tributarias y controles administrativos. Sin embargo, hay pistas que permiten vislumbrar su dimensión y, sobre todo, su crecimiento a lo largo de la crisis económica. Una de estas pistas resulta de cruzar los datos de ocupación de la Encuesta de población activa (EPA) con los datos de afiliación del Ministerio de Empleo, lo que pone de manifiesto una preocupante realidad: la incipiente recuperación de la economía no evita que siga aumentando el número de personas que trabajan en negro en Canarias. Tan es así, que el Archipiélago tiene hoy 46.000 ocupados menos que en 2008 pero 30.000 más sin regularizar o fuera de la ley (sin contrato, por ejemplo).

En el período enero-marzo de 2008, ese que se convertiría en el primer año sumido de lleno en las estrecheces (la crisis estalló en octubre de 2007 con el capítulo de las hipotecas subprime o basura), había en el Archipiélago, exactamente, 857.400 ocupados. Ocho años después, con arreglo a los datos de la última EPA (la del primer trimetres del año), los ocupados son 811.800, es decir, 45.600 menos. Unas cifras que evidencian la brusca destrucción de empleo que caracterizó los años más duros de la crisis pero que igualmente muestran cierta recuperación del mercado laboral. No en vano, los ocupados apenas eran 719.800 a mediados de 2013, cuando las estrecheces hacían más estragos que nunca entre los presupuestos públicos, las cajas de las empresas y los bolsillos de los ciudadanos. Pero, con todo, este reciente incremento de la cantidad de personas que afirman estar empleadas no coincide con la disminución del número de quienes se ven obligados a trabajar en B. De hecho, son cada vez más los canarios que han de buscarse la vida sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social.

En aquel primer trimestre de 2008, cuando los ocupados eran en la región 857.400, los afiliados a la Seguridad Social sumaban 787.511, de modo que había casi 70.000 canarios que aseguraban estar trabajando, ya fuera como empleador, como empresario sin asalariados a su cargo o como asalariado, y que, sin embargo, no cotizaban. Eran exactamente 69.889 quienes entonces estaban en las Islas en el limbo de la economía sumergida.

Cabría pensar, habida cuenta de los indicios de recuperación, que esa diferencia entre ocupados y afiliados, esas cerca de 70.000 personas con un trabajo sin regularizar, han disminuido en al actualidad, pero nada más lejos de la realidad.

A 31 de marzo, según las estadísticas del Ministerio que dirige en funciones Fátima Báñez, los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma eran 712.367. En consecuencia, ya son un total de 99.433 los canarios ocupados en actividades fuera de la ley. En otras palabras: la economía del Archipiélago tiene hoy 45.600 ocupados menos (857.400 en el primer trimestre de 2008 y 811.800 en el mismo período de este año) y, en paralelo, 29.544 empleados más en negro (69.889 y 99.433), según una fórmula de aproximación que utilizan los expertos de forma habitual.

Unos números que suponen un acercamiento a un fenómeno sociolaboral tan difícil de medir como el del trabajo en B pero que resultan más certeros si se los compara con los de cada uno de los años de crisis. Esto descubre hasta qué punto viene creciendo la economía sumergida en las Islas, con independencia de que el incremento en términos cuantitativos ascienda exactamente, o no, a esas 29.544 personas que revela el cruce de información.

En enero-marzo de 2009, la diferencia entre ocupados y afiliados era de 64.761, cifras que han aumentado, en términos interanuales, desde entonces. En el mismo período de 2010 eran ya 85.755 los canarios que trabajaban fuera de la ley, y serían 87.286 un año después. En los primeros trimestres de 2012, 2013 y 2014 se redujeron algo, a 74.639, pero siguieron incrementándose en 2015 (83.306) y 2016, hasta los susodichos 99.433.