El Gobierno español en funciones se comprometerá con la Comisión Europea a subir el Impuesto de Sociedades (que había reducido el año pasado) para recaudar 6.000 millones de euros anuales más. Con esta decisión, que deberá ser aprobada por el próximo Gobierno español, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tratará de atenuar la sanción que el Ecofin (el consejo de ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea) decidió imponer ayer a España y Portugal por haber incumplido el año pasado sus compromisos de déficit público y haberlos vulnerado, según los dictámenes de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Ecofin, de forma deliberada (por bajadas de impuestos y un mayor gasto público) y no forzada por un empeoramiento de la economía.
España y Portugal, que se convierten así en los dos primeros países de los 28 de la Unión sancionados con un expediente de déficit excesivo, tienen ahora diez días para presentar alegaciones. El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, que había negado hasta hace unos días que fuese a haber sanción, mantiene ahora que es posible que ésta quede en un correctivo simbólico y que su importe sea de cero euros.
El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, confirmó que la cuantía de la multa (que podría llegar a 2.000 millones, el 0,2% del PIB español) puede reducirse e incluso rebajarse a cero euros (lo que convertiría el correctivo en una sanción política y moral) en función de los argumentos que aduzcan los países y de los esfuerzos fiscales a los que se comprometan. Los países tienen diez días de plazo para alegar (España lo hará hoy) y la Comisión dispondrá de otros diez días para formalizar la propuesta del importe de la multa, que deberá elevar de nuevo al Ecofin.
Retención de fondos
El expediente incluye la retención de parte de los fondos europeos destinados al país sancionado como elemento de presión para que el Gobierno cumpla sus compromisos y un mecanismo de vigilancia especial en el futuro inmediato.
España alegará la buena marcha de la economía española, discrepancias técnicas, la baja inflación y los ajustes y reformas ya realizados, se comprometerá a situar el déficit por debajo o cerca del 3% en 2017 y ofrecerá un ajuste de 8.500 millones, de los que 6.000 se obtendrán con la subida del Impuesto de Sociedades, mediante el restablecimiento -a partir de determinados umbrales- de los pagos fraccionados a cuenta -se les aplicará un tipo mínimo- que el PP suprimió el año pasado lo que, junto con la bajada de tipos de Sociedades e IRPF, está provocando que la recaudación caiga. El Gobierno pretende obtener los 2.500 millones restantes de la lucha contra el fraude fiscal (1.000) y del ahorro de los intereses de la deuda (1.500) por la caída de tipos de interés gracias a la compra de bonos por el Banco Central Europeo.
La diputada electa del PP por la provincia de Las Palmas Matilde Asián matizó la medida desvelada por Luis de Guindos. "No es exactamente una subida del impuesto", afirmó. De esa manera, se refirió precisamente a que se trata del retorno a un escenario precrisis y que solo se verán afectados los negocios de gran tamaño. "Los pagos fraccionados que hacen las empresas tenían un límite mínimo que ahora se recupera", explicó. En su opinión, la gran cantidad de bonificaciones que disfrutan dichas sociedades les permitía reducir al mínimo las cantidades a cuenta que pagan al fisco. El escenario que ahora se plantea les obliga a pagar "ese mínimo" que habrá de establecer el nuevo Gobierno central.
En la traslación de la situación al Archipiélago, la diputada electa señaló que los beneficios fiscales pueden determinar que las empresas no alcancen el mínimo que les obliga a pagar. Sin embargo, ahora dichas mercantiles sí estarán obligadas a desembolsar la cantidad que se fije. ¿Significa eso que el dinero que salga de sus cuentas ya no retornará? A juicio de Asián no será así, sino que la liquidación final del ejercicio determinará si son sujetos obligados al pago y en el caso de que no lo fueran "se les reintegrarían" las cantidades aportadas.
Por su parte, el asesor fiscal canario Orlando Luján señaló que será la letra pequeña la que determine el alcance de la medida. Sí afirmó que el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario no admite variaciones sin que estas pasen por un proceso que implica la negociación en Bruselas.
Además, se mostró "sorprendido" porque se plantee esta variación en el impuesto que grava los beneficios de las empresas cuando en estos días se procede a la primera liquidación conforme a la variación que estableció el propio Gobierno del PP en 2015.
