La decisión del Gobierno canario de prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas a través del decreto de 2015 con que reguló este sector ha dejado fuera de ordenación al 48 % de las 121.847 camas que se ofertan con este régimen, según reflejan tres informes sobre esta modalidad de alojamiento encargados por el propio Ejecutivo.
Estos estudios, por los que la Consejería de Turismo ha pagado 51.000 euros, recopilan datos del Instituto Canario de Estadística y analizan las legislaciones españolas sobre esta modalidad de arrendamiento, que sólo existe en siete comunidades autónomas.
Con ellos, el Gobierno regional que preside Fernando Clavijo (CC) ha querido conocer los datos fidedignos del sector con el objetivo de revisar el decreto aprobado a finales de la pasada legislatura, para lo que hará una ronda de consultas en cada isla en las dos próximas semanas.
Así lo ha manifestado la consejera canaria de Turismo, María Teresa Lorenzo (CC), quien ha declinado avanzar la postura que defenderá la administración autonómica de cara a la revisión del citado decreto, impugnado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que estima que obstaculiza la actividad de este sector, y por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).
Los informes elaborados por las empresas InAtlas, Técnicos en Socioanálisis y Deloitte, que han sido presentados hoy al Consejo Canario de Turismo en una sesión en la que ha participado Ascav, reflejan que el 40 % de la oferta de alquiler vacacional se concentra en la isla de Tenerife, mientras que el 23 % corresponde a Lanzarote, el 18 % a Gran Canaria, el 11 % a Fuerteventura, el 4 % a La Palma, el 1,5 % a La Gomera y el 0,70 % a El Hierro, según ha precisado el representante de InAtlas, Luis Falcón.
El representante de Deloitte ha confirmado que Canarias es la única comunidad autónoma española que excluye esta modalidad de arrendamiento de las zonas turísticas, donde se encuentran el 48 % de las camas que se ofertan en las islas en los denominados "micro destinos turísticos", que, según ha dicho Falcón, es el único suelo turístico que hay en el archipiélago.
"No hay suelo turístico en Canarias que esté fuera de los micro destinos turísticos", ha referido el representante de InAtlas, quien ha explicado que la ficha urbanística de cada vivienda dedicada al alquiler vacacional especifica con claridad en qué tipo de suelo se ubica.
El viceconsejero canario de Turismo, Cristóbal de la Rosa, ha considerado que estos informes contradicen los datos que se han manejado hasta ahora sobre el alquiler vacacional en Canarias, ya que no son 53.000 familias las que dependen de este negocio, sino 28.188 viviendas, que representan el 22,34 % de las camas turísticas que se comercializan en el archipiélago, al tiempo que ha advertido de que sólo 3.700 las anuncian personas a título particular, mientras que el resto las publicitan "empresas profesionales o profesionalizadas".
Del total de viviendas dedicadas al alquiler vacacional en Canarias sólo se ha legalizado el 10 % pese a la vigencia del decreto que regula esta actividad, una situación que la presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha relacionado con la imposibilidad de hacerlo, y no a la negativa de sus promotores, quienes, según ha dicho, se exponen a multas de 60.000 euros por no regularizar su actividad.
De la Rosa ha manifestado que el decreto en vigor excluye al alquiler vacacional de las zonas turísticas del archipiélago porque "el modelo de calidad turística de Canarias aconsejó hacerlo así" al anterior Ejecutivo, presidido por Paulino Rivero (CC).
La consejera María Teresa Lorenzo ha reafirmado la voluntad del actual Gobierno regional de revisar este decreto "lo antes posible".
