El 48,1% de las camas en viviendas vacacionales existentes en Canarias se sitúa en suelo turístico, una ubicación excluida en el decreto autonómico vigente para el sector desde marzo de 2015, según revela un informe encargado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y elaborado por la consultora InAtlas. Exactamente, el estudio contabiliza 58.645 plazas fuera de la normativa por su localización geográfica del total de 121.847 del Archipiélago, de acuerdo a los datos recogidos durante noviembre de 2015.
Reunido ayer en el Museo Elder de la capital grancanaria, el Consejo Canario de Turismo conoció el informe de InAtlas y otros dos documentos encargados a las firmas Deloitte y Técnicos en Socioanálisis -por un importe total de 51.000 euros- para analizar la situación del alquiler vacacional en las Islas, compararla con otras comunidades autonómas y sondear las opiniones del sector ante las demandas de los propietarios estas viviendas para que se modifique del Decreto 113/2015, aprobado a finales de la pasada legislatura autonómica. Impugnada tanto por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) como por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la normativa continúa en vigor a la espera de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque el Gobierno ya se comprometió a la revisión del texto.
Única autonomía
Canarias es la "única [autonomía] que excluye las zonas turísticas" del ámbito de aplicación del decreto, según observo Luis Falcón como representante de Deloitte, después de analizar la legislación de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, además de Malta. No obstante, Falcón considera que la normativa de Canarias "está muy en la línea del resto de legislación de las otras comunidades, con una definición muy parecida, la temporalidad también está en el rango de uno a dos meses, o la exigencia de hojas de reclamaciones, teléfono de asistencia o un equipamiento similar..."
A juicio del responsable experto, "no hay grandísimas diferencias, pero la normativa no está del todo aterrizada en ninguna de las comunidades". Aunque ninguna autonomía impide la ubicación del alquiler en suelo turístico como Canarias, Islas Baleares sí establece restricciones por el tipo de vivienda, ya que lo limita a las casas unifamiliares aisladas (única en el solar o parcela, sin viviendas contiguas), entre medianeras (única en la parcela) o pareadas, según el informe comparativo de Deloitte.
Titulado El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, canal y oferta, el estudio contabiliza 28.188 viviendas dedicadas a esta modalidad turística en el Archipiélago, según datos recabados en plataformas digitales (Aibnb, Homeaway, Homelidays, Niumba, Wimdu, Atraveo, Housetrip, Rentalia, Booking, 9flats, Vacaciones-espana, Only-apartments) y fuentes estadísticas (Turidata, Istac, INE, IET, Catastro, Ministerio de Fomento, Idealista, Fotocasa y Amazon). de esas, en noviembre del pasado año, tan sólo se encontraban regularizadas 1.862 viviendas.
Actualmente está ajustadas a la normativa en el 10% del total, según apuntó el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa. "De 15.000 viviendas que podrían regularizarse ahora mismo, sólo hay, aproximadamente, unas 2.000, aunque podría haber un número similar pendiente de aprobación por los cabildos, a falta de un papel", admitió De la Rosa.
Aunque equiparó el mínimo porcentaje de viviendas legalizadas en Canarias a comunidades como Cataluña y Andalucía, el viceconsejero reconoció la necesidad de efectuar "un esfuerzo informativo para el cumplimiento de la normativa" desde el Gobierno de Canarias. No obstante, "los datos contradicen y desmienten rotundamente los manejados hasta ahora, porque hablaban de 53.000 familias canarias que tenían viviendas vacacionales y solamente 3.700 son anunciadas por una única persona", subrayó De la Rosa en referencia a las cifras difundidas en su momento desde Ascav, también presente ayer en el Consejo Canario de Turismo.
Las 28.188 viviendas vacacionales contabilizadas, con una media de 4,3 camas por unidad hasta un total de 121.847 plazas, representan el 22,34% de la oferta global de alojamiento turístico en Canarias, cifrado en 545.393 camas. Por islas, Tenerife registra los mayores números del alquiler vacacional (11.373 viviendas, 40% del total del sector en Canarias), seguida de Lanzarote (6.148 y 23%), Gran Canaria (5.421 y 18,7%), Fuerteventura (3.193 y 11,9%), La Palma (1.341 y 4%), La Gomera (502 y 1,5%) y El Hierro (210 viviendas y 0,7% del total en el Archipiélago).
El estudio de InAtlas refleja que del total de 12,9 millones de turistas llegados a Canarias durante 2014, el 9,6% (1,2 millones personas) se alojó en régimen de alquiler vacacional.
El porcentaje es similar si se lo que se tiene en cuenta es el gasto. El dinero que se dejaron los turistas en las Islas el pasado año alcanzó los 15.369 millones de euros, de esos 528 millones corresponde al gasto de los visitantes alojados en viviendas vacacionales. Según el informe de InAtlas, el precio medio de alquiler de estas viviendas se sitúa en 91,56 euros diarios, frente a los 82,56 euros de una habitación de hotel en 2015, aunque los precios armonizados a dos plazas cifran el coste por noche de una vivienda vacacional en 42,39 euros.
Por canal o plataformas digitales de comercialización, el informe revela que Airbnb y Homeway acaparan el 49% de la oferta en Canarias y el 46,83% de los anunciantes gestionan un solo inmueble, lo que representa el 14,29% de la oferta de camas de esta modalidad. Según el estudio, en el negocio de la comercialización a través de Internet de viviendas vacacionales en Canarias conviven plataformas pertenecientes a empresas con un modelo de negocio P2P (persona a persona y en la que se engloba las plataformas tipo Airbnb y Homeway), agencias de viajes digitales, metabuscadores, turoperadores e inmobiliarias.
Por último, el informe de Técnicos en Socioanálisis ofrece una perspectiva cualitativa de los agentes canarios implicados en el sector turístico sobre la situación actual y la evolución del sector, el alojamiento turístico, el alquiler vacacional y la residencialización en municipios turísticos. En torno a un 60% de los encuestados prevé para los próximos dos años un aumento de la ocupación turística y del empleo, aunque se reduce al 46% si se pregunta sobre el mantinimiento del gasto.
En cuanto a la regulación del crecimiento, el 46,4% se inclina a favor de la limitación del crecimiento, según informaron desde la Consejería de Turismo.
Ante la cuestión concreta de la coexistencia del alquiler vacacional con el sector hotelero y extrahotelero, la inclinación de todos los consultados es a la compatibilidad, aunque con muchos matices.
