El Tribunal de Cuentas ha detectado que 29.321 personas que figuran como fallecidos seguían cobrando una pensión en diciembre 2014 por un importe total de 25, 3 millones mensuales, lo que supone unos 300 millones de euros al año. Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización de 2014 en el que señala, asimismo, que el 95 % de los fallecidos -un total de 27.860- seguía cobrando la pensión en octubre de 2015.

En dicho informe, aprobado por el Pleno del Tribunal, este organismo alerta de "lagunas y deficiencias" en el control de la Seguridad Social en el fallecimiento de pensionistas cuya prestación se seguía pagando, y en el "elevadísimo" nivel de error por parte del INE en la identificación de los muertos, y recomienda mejoras para impedir que se abonen prestaciones a personas ya fallecidas.

El Tribunal de Cuentas detecta esta situación al cruzar los históricos entre los datos de los beneficiarios de las prestaciones y los decesos registrados en el INE.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alega que al efectuar este cruce de datos, en el 93,25% de los casos solo coincide el número del Documento Nacional de Identidad, ni el nombre, ni apellidos, ni ningún otro dato tienen similitud y, por tanto, sostiene que debe haber un error y argumenta que los cifras obtenidas por el Tribunal "deben ser objeto de revisión".

En su informe el Tribunal advierte de "lagunas" en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión debido, sobre todo, a las "carencias" de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el INE. También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, "que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos".

El Tribunal expone que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión "y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control".

Estas "lagunas" han determi-nado que durante el periodo 2012-2014 haya prescrito el de- recho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros.

Por ello, el Tribunal insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.

En este aspecto, el INSS argumenta que existen más de 1,2 millones de pensionistas de más de 85 años, con lo que realizar un control presencial ocasionaría a este colectivo graves perjuicios y daría lugar a suspensiones probablemente injustificadas de la pensión, puesto que muchos de ellos serían incapaces de comparecer o es posible que ni siquiera tuvieran conocimiento de esta demanda.

En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario, informa Efe.

Según indica el Tribunal, esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.

Además concluye que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones.