La Seguridad Social desmiente "rotundamente" que 30.000 personas fallecidas estén percibiendo una pensión pública, como afirma el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización referido a 2014.

Según ese informe, 29.321 pensionistas supuestamente fallecidos siguieron cobrando su pensión en 2014 por un importe de, al menos, 25,3 millones de euros sólo en la nómina de diciembre de ese año.

El Ministerio de Empleo en un comunicado asegura que el control de las defunciones se hace por cuatro vías complementarias: Intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia y mensual con el Instituto Nacional de Estadística, detección de fallecimientos por las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y presentación anual de fe de vida para residentes en el extranjero. Ese método, dice, garantiza el máximo rigor en el abono de las pensiones, por lo que "el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario es prácticamente nulo".