A casi 15 millones de euros asciende la cantidad que la Seguridad Social reclama a canarios que percibieron prestaciones indebidamente. Una suma, exactamente 14,6 millones, que supone alrededor de un 4,5% de los casi 328,2 millones de euros que los perceptores de estas ayudas recibieron sin tener derecho en todo el país. Las principales causas son que las circunstancias por las que esas personas recibían una prestación habían cambiado en el momento del pago, por ejemplo, porque su economía había mejorado hasta el punto de no tener derecho ya a una ayuda económica, o que cobraban dos prestaciones incompatibles. Pero hay casos de quienes siguieron cobrando de las arcas públicas estatales incluso después de muertos.
La deuda en Cataluña alcamza los 72,8 millones, los 56 en Andalucía y 42,1 en Madrid.
Es el Tribunal de Cuentas (TC), en su Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el que ha descubierto estas "deficiencias" y "carencias" en el sistema, amén del "retraso" con que, en general, la Seguridad Social reclama las cantidades pagadas de forma indebida. De hecho, esta demora en exigir a los beneficiarios que devuelvan el dinero cobrado de más ha desembocado incluso en la prescripción de parte de la deuda, de modo que las arcas públicas nunca recuperarán esas cantidades.
En el caso de Canarias, de esa cuantía a recuperar, de esos 14,6 millones de euros, prácticamente 7,5 millones corresponden a deudores de la provincia de Las Palmas y el resto, unos 7,1 millones, a deudores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según el saldo a 31 de diciembre de 2014. En el ámbito nacional son algo más de diez millones de euros la cuantía pagada indebidamente que la Seguridad Social ya no podrá recuperar porque el derecho a reclamar ha prescrito. En lo tocante a las Islas, eso sí, la suma irrecuperable solo asciende a 370.000 euros, de los cuales la mayor parte, hasta 362.000, corresponden a siete beneficiarios de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife y solo uno en la de Las Palmas.
El TC pone de manifiesto en su informe, a modo de ejemplo, que hubo casos en los que no se reclamó el dinero hasta dos años después de detectarse el fraude. En este punto cita en concreto el caso de los llamados complementos a mínimos de las pensiones, que se pagan precisamente cuando el importe de una pensión no llega a un mínimo que permita vivir al beneficiario. Y ocurre que hubo quienes mejoraron sus ingresos hasta el punto de no tener derecho a recibir ese complemento, que, sin embargo, siguieron percibiendo: "Se está reclamando lo percibido indebidamente en concepto de mínimos con dos años de retraso". Una incidencia que además de poder desembocar en la prescripción del derecho a reclamar implica "un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, dado que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar del complemento en los casos de reincidencia".
Además, el Tribunal de Cuentas también revela que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no dispone, o cuando menos no disponía hasta la fecha de redacción del informe, de un manual interno que indique los pasos a seguir para recuperar estas cantidades pagadas indebidamente y que prevea "aspectos como los criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación y fuentes de datos disponibles, entre otros".
Fallecidos que cobran
El órgano fiscalizador estatal expone que en toda España (el tribunal no desagrega estos datos por comunidades autónomas) contabilizó hasta 29.321 casos de pensionistas que fallecieron y que continuaron figurando en la nómina de la Seguridad Social, esto es, que siguieron cobrando después de muertos. Aunque el Gobierno en funciones se apresuró en negar los datos de Cuentas, el tribunal asegura que esas casi 30.000 personas contabilizadas al cierre de 2014 aún eran unas 29.000 en octubre del año pasado, de modo que este problema de gestión no se había solucionado.
"El TC ha procedido a cruzar el histórico de fallecimientos registrados desde 1987 hasta agosto de 2015 con la nómina de pensiones de diciembre de 2014 y octubre de 2015, cuyo resultado reflejado en el anteproyecto de informe indica que un total de 29.321 pensionistas con pensiones por importe de 25,3 millones de euros mensuales figuran como fallecidos según la información del INE", insiste el órgano fiscalizador.
El Tribunal de Cuentas hace hincapié también en una aparente falta de criterio entre las distintas direcciones provinciales del INSS ante casos iguales o similares. El órgano fiscalizador achaca esta disparidad de criterio a que la dirección general "no homogeneiza ni coordina las actuaciones de aquellas (de las direcciones provinciales) en la tramitación del procedimiento, más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales del mismo". Así, por ejemplo, las direcciones provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife figuran entre aquellas que sí aplican el real decreto que regula el proceso para recuperar la cantidad pagada indebidamente por un subsidio de incapacidad temporal, pero son hasta 22 las direcciones provinciales que, sin embargo, no ponen en práctica el contenido de este real decreto.
