Las camareras de piso cuentan con el apoyo del Ejecutivo regional para mejorar sus condiciones laborales. La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, se comprometió ayer a reforzar el número de inspecciones en el sector turístico para luchar contra la explotación laboral que asegura sufrir este colectivo.
Antes del inicio de una reunión con cien camareras de piso en Santa Lucía de Tirajana, Hernández subrayó que es "fundamental" que crezca el número de inspecciones para lograr una mejora en la calidad del empleo de estas trabajadoras. Durante el pasado ejercicio se realizaron 221, pero a partir de otoño, con la puesta en marcha del plan de lucha contra la explotación laboral, el compromiso de la consejera es incrementar esa cifra.
La delegada del Comité de Empresa de Nordotel, Estrella Vera, denunció el incumplimiento de la jornada de ocho horas. "En muchas ocasiones hay que trabajar 10 o 12 horas porque no da tiempo de terminar el trabajo", expuso. Asimismo, Vera pidió la colaboración del Ejecutivo canario para que las patologías recurrentes, como la lumbalgia y diferentes dolores musculares en manos, cuello o piernas, sean reconocidas como enfermedades laborales y no comunes. "A veces tenemos que medicarnos para poder seguir", subrayó la trabajadora.
El pasado 19 de mayo se creó, a propuesta de Hernández, una mesa de seguridad y salud formada por el Ejecutivo regional, los sindicatos y la patronal hotelera para analizar las condiciones de trabajo de las camareras de piso y perfilar la prevención de riesgos laborales. No en vano, la vicepresidenta explicó que en la renovación de la planta alojativa se debe tener en cuenta la visión de las limpiadoras. Elegir el lugar correcto para la instalación de las mamparas "o poner camas que no sean pesadas mejoran el estado de salud", agregó. No obstante, aclaró que no es competencia del Gobierno regional declarar como enfermedad laboral las dolencias que padecen.
Por otro lado, las camareras de piso también lamentaron el "escaso o nulo" reflejo de la buena marcha del turismo en e l Archipiélago en su labor diaria. El colectivo demanda más contrataciones para reducir la carga de trabajo porque, según Vera, "una mayor llegada de turistas solo afecta a los empresarios", mientras que ellas tienen "que trabajar más".
La reforma laboral aprobada por el PP en 2012 es, a juicio de Hernández, la principal culpable de esta situación. "Ha hecho saltar por los aires la negociación colectiva", insistió, "y está haciendo que se cree empleo precario". Por eso, el Gobierno regional seguirá exigiendo su derogación, porque supone, a juicio de la consejera, una ruptura de las relaciones laborales.
