Un estudio de Endesa concluye que el 96% del fraude está protagonizado por empresas de diversos sectores industriales y particulares que presentan consumos elevados. Por contra, menos del 1% se deriva de enganches ilegales realizados por familias que presentan bajos ingresos.

Pobre pero honrado. Esa es la conclusión principal que parece derivarse del estudio realizado por la eléctrica de implantación mayoritaria en el Archipiélago. El 80% de las prácticas fraudulentas puestas en marcha para abaratar de manera ilegal el coste energético en España lo protagonizan empresas del ámbito industrial. Del 20% restante, otro 80% es el que tiene detrás a particulares de los que más consumen.

Endesa incidió en un comunicado en que estas prácticas fraudulentas las pagan el resto de los consumidores. "En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan", afirmó la compañía.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los españoles en 2015. En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a 3,5 teravatios hora, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de la ciudad de Sevilla y toda su área metropolitana.

Además, en el caso del sector empresarial, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, porque abaratan sus productos y servicios, y encarecen los de los demás.

Endesa explicó además que estas prácticas ilegales suponen también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador y añadió que la manipulación del contador o la conexión puede causar electrocución, incendios e, incluso, la muerte.