Las aeronaves no tripuladas, los llamados drones o RPA (remotely piloted aircraft, aeronave pilotada por control remoto), han supuesto, por las múltiples posibilidades que ofrecen a diversos sectores, toda una revolución. Conscientes de la importancia que ha cobrado la industria dron, las instituciones de las comunidades autónomas tratan de convertir sus respectivos territorios en puntos de referencia para el sector. En Galicia, por ejemplo, tendrán el primer parque tecnológico e industrial de naves civiles no tripuladas de España en lo que hoy es el aeródromo de Rozas, en Lugo.
Y en Canarias también se han dado ya algunos pasos para intentar disputar el liderazgo de los drones en el ámbito nacional. Sin ir más lejos, el Parlamento aprobó a finales de junio una proposición no de ley del PSOE que pide al Ejecutivo regional que promueva el afianzamiento y potenciación de las empresas del sector en las Islas. De momento, la parte privada está respondiendo: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha habilitado a lo largo de este año a 33 nuevos operadores de RPA, de modo que más del doble de las empresas homologadas en el Archipiélago recibieron la autorización en 2016.
Las cifras son de vértigo, de ahí que hayan surgido ya las primeras voces que alertan sobre la posibilidad de una burbuja en ciernes, es decir, sobre el riesgo que supone dejarse llevar por unas expectativas de crecimiento cuya materialización nunca está garantizada. Sea como sea, con esos 33 nuevos operadores ya son un total de 62 las empresas habilitadas por la AESA para el manejo de drones, 33 en la provincia de Las Palmas y cuatro menos, 29, en la de Santa Cruz de Tenerife. Las dos demarcaciones canarias figuran así entre las 15 provincias del país con el mayor número de autorizaciones, una lista que, al margen de Barcelona y Madrid, donde los operadores habilitados llegan a 152 y más de dos centenares respectivamente, están también Málaga, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Alicante, Guipúzcoa, Baleares, A Coruña, Girona, Zaragoza, Asturias, Cádiz y Granada, estas tres últimas con aproximadamente la misma cantidad de empresas autorizadas (también instituciones) que las dos demarcaciones de las Islas.
El notable crecimiento de la industria de los drones tanto en el Archipiélago como, en general, en el resto de autonomías es solo un ejemplo en un sector, el de los aviones no tripulados, que es ya el de mayor aumento en la aeronáutica (solamente en Estados Unidos se contabilizan 300.000 unidades cada mes). Con todo, en el caso de España, y más si cabe en Canarias, el freno que está significando la actual legislación para la industria de las miniaeronaves amenaza pinchar la burbuja. No en vano, la posibilidad, por pequeña que sea, de que uno de estos artilugios caiga sobre zona poblada subyace en el carácter restrictivo de la regulación provisional que se aprobó en 2014, cuando los drones empezaron a sobrevolar España sin control alguno. Los empresarios esperan desde entonces la promulgación de una ley definitiva y estable que les permita trabajar con seguridad y con menos trabas.
"El principal problema es la legislación", subraya el administrador de Dronescan Canarias, Juan David García. García califica de "muy restrictiva" la normativa actual, un hándicap que, además, se agrava en la Comunidad Autónoma, donde no precisamente abundan los lugares despoblados. En definitiva, la regulación temporal prohíbe que los drones sobrevuelen poblados, y en Canarias, recuerda el empresario, "hay casas por todos lados". Así pues, los operadores de RPA se enfrentan a un doble problema: por un lado, a un marco legal que incluso los aboca a rechazar trabajos; por otro, a la competencia desleal de quienes adquieren un dron y, sin estar habilitados por la AESA, se prestan a hacer esos trabajos que las empresas no pueden llevar a cabo.
Fuera de la ley
El administrador de Dronescan Canarias, entidad que se dedica a la fotogrametría, fotografía, filmaciones y levantamientos topográficos, explica que en casi la mitad de Gran Canaria "no se puede volar", por lo que exhorta a sacar adelante cuanto antes la nueva ley, algo en lo que coinciden todas las voces del sector consultadas por este diario.
"Hoy levantas un dron 15 o 20 metros para hacer una foto y te denuncian, y se te puede caer el pelo", enfatiza Juan David García, que agrega que una sanción económica de Seguridad Aérea, que puede multar con hasta 225.000 euros, bien podría llevar al cierre a muchos negocios. Esa es la principal causa que constriñe la incipiente industria en el Archipiélago, que, por tanto, exige una ley que conjugue la imprescindible seguridad de la población y la labor de los profesionales. En resumen, "ampliar un poco el abanico".
García asegura que son "muchísimos" en Canarias los que se compran un dron y comienzan a hacer trabajos a precios irrisorios y sin respetar la normativa transitoria, una competencia desleal que "no deja trabajar" y que, por si fuera poco, no contribuye a la seguridad, ni a la del sector ni a la de los ciudadanos.
