El sindicato Intersindical Canaria (IC) exigió ayer la suspensión de los sobresueldos por complementos de productividad para los altos cargos del Servicio Canario de la Salud (SCS), unos complementos que supusieron en el último ejercicio el reparto de poco menos de 800.000 euros, tal como avanzó este diario la semana pasada.

Intersindical Canaria criticó que la Consejería de Sanidad mantenga invariable la "escandalosa" política retributiva hacia los altos cargos a pesar de la situación "límite" que atraviesa la sanidad pública canaria por la "prolongación" y "profundización" de los recortes laborales y asistenciales.

El sindicato expuso que un gerente de cualquier hospital de tercer nivel o área de salud de Canarias, aparte de su asignación como tal, vuelve a recibir anualmente sobresueldos, al igual que otros cargos de la Administración sanitaria como los directores de Gestión, directores Médicos o de Recursos Humanos.

IC aseguró que para dar cobertura legal a esta medida, el Gobierno autonómico "se sacó de la manga" una instrucción (6/2012) con la que quería compensar la consecución de los objetivos asistenciales y presupuestarios, el especial rendimiento, el interés o la iniciativa en el desempeño del puesto. Para la organización sindical, "se trata de conceptos mendaces y absolutamente desconocidos por los equipos directivos de la Consejería de Sanidad".

Según la organización de representación de los trabajadores, tales emolumentos explican que los equipos directivos "se afanen a diario en la tarea de seguir cerrando servicios asistenciales, recortando en gasto farmacéutico, dejando de contratar personal en unas ya más que esquilmadas plantillas, aumentando las cargas de trabajo hasta niveles esclavistas y recortando en derechos sociales".

De esa manera, siempre según el relato de la organización sindical, los trabajadores soportan una cada vez mayor carga de trabajo, los usuarios de la sanidad pública padecen la pérdida de calidad en el servicio y los directivos se embolsan gruesas cantidades de fondos públicos que podrían destinarse a la mejora de la sanidad pública canaria.

Los sindicatos señalaron desde la puesta en marcha de la medida que esta no vendría a paliar las carencias de la sanidad pública, sino a agravarlas y mostraron su temor ante la posibilidad de que fueran los trabajadores los que pagaran los platos rotos.