La Agencia Tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prácticamente duplicó la recaudación por multas en Canarias durante los años más duros de la crisis económica, cuando sumó 200 millones de euros. Así se desprende del análisis de los informes que el Departamento que dirige Cristóbal Montoro, ahora en funciones, ha de publicar anualmente. Unos documentos que ponen de manifiesto cómo los recargos de apremio, los intereses de demora y las sanciones tributarias llegaron en las Islas en los últimos ejercicios a niveles insospechados antes del estallido de la crisis. Y como botón de muestra basta con apuntar que los poco menos de 56 millones de euros recaudados en 2014 por estos conceptos suponen casi un 160% más, esto es, más del doble, de lo cobrado en 2007.
Las cifras oficiales no dan lugar a duda. Dos factores confluyeron en el largo período de recesión hasta el punto de disparar sobremanera la recaudación por multas e intereses de demora: por un lado, el empobrecimiento generalizado complicó a muchos contribuyentes el pago de sus obligaciones tributarias en tiempo y forma; por otro, Hacienda se afanó como nunca antes para disminuir todo lo posible la suma de dinero que escapa del fisco. La Comunidad Autónoma es un claro ejemplo de cómo los años de estrecheces presupuestarias llevaron al ministerio de Montoro a forzar al máximo su maquinaria recaudatoria, ya afectara esto a los grandes contribuyentes o a aquellos sin la oportunidad de negociar su deuda con la Agencia Tributaria, es decir, a las rentas más modestas.
Durante el último ejercicio, el de 2015, el Estado cobró en el Archipiélago en concepto de recargos de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias un total de, exactamente, 36,6 millones de euros. Un montante que es un 70% superior al de 2007, el último año del período de bonanza, cuando esos 36,6 millones solamente fueron 21,5. Es más, ni en uno solo de los ejercicios inmediatamente anteriores a los años más duros de la crisis había llegado la recaudación por multas en Canarias a tan altas cotas. Con todo, es el análisis del período 2009-2014, ese que comprende los ejercicios más negros para la economía, y 2003-2008, el sexenio inmediatamente precedente, el que permite descubrir hasta qué punto Hacienda ha apretado las tuercas a los contribuyentes.
Entre 2003 y 2008, los recargos, intereses y sanciones impuestos a declarantes de la región dejaron a las arcas públicas estatales un importe de cerca de 110 millones de euros (109,3 millones exactos). En los seis años siguientes, los de la Gran Recesión, esa cuantía, esos 109,3 millones, se incrementó hasta los 200 millones de euros. En otras palabras: la Agencia Tributaria prácticamente dobló los ingresos derivados de las multas durante los ejercicios más difíciles para familias y empresas.
El particular récord recaudatorio se consiguió en 2014, cuando recargos y sanciones le reportaron a Hacienda en la Comunidad Autónoma la friolera de 55,6 millones, la cantidad más alta de toda la serie histórica analizada. Para contextualizar la magnitud de esta cifra basta con decir que ni siquiera había superado los 23 millones de euros hasta el inicio del período de estrecheces. Fueron menos de 14 millones en 2003, 14,5 millones en 2004, alrededor de 17 en 2005 y de 20 en 2006, 21,5 en 2007 y 22,9 millones en 2008. Un progresivo aumento que se consolidaría durante la recesión (23 millones de euros en 2009, 26,3 millones en 2010, 28,4 en 2011 y 31,4 en 2012) y que se desbocaría entre 2013 y 2014, cuando el fisco pasó de recaudar por multas en las Islas unos 35,3 millones de euros a recaudar los susodichos 55,6 millones. Un alza, pues, de un 57%.
