Los mecanismos de optimización y elusión fiscal desarrollados por compañías multinacionales mediante acuerdos a la medida pactados con algunos gobiernos de la UE y las prácticas de competencia tributaria ventajista de determinados países de la Unión a costa de los socios recibieron ayer un varapalo. La Comisión Europea (CE) ha impuesto a la compañía informática estadounidense Apple la obligación de pagar 13.000 millones en impuestos de cuya tributación fue exonerada por Irlanda entre 2003 y 2014 a cambio de declarar en este país, con un régimen fiscal más laxo, los beneficios obtenidos por la empresa en otros países de la UE.

La contundente decisión de Bruselas, que va a ser recurrida por Apple e Irlanda, y que se suma a otros precedentes (la UE ya declaró ilegales otros regímenes fiscales, como los de Starbucks en Holanda y Fiat en Luxemburgo) supone la exigencia paralela a Dublín para que cobre a la compañía los impuestos no satisfechos y abre a su vez la posibilidad de que los países en los que Apple generó realmente los beneficios puedan reclamar la tributación que les corresponde.

Apple, que alegó que siempre cumple las leyes y paga los impuestos en los países donde opera, lanzó una advertencia: la decisión, dijo, "tendrá un profundo y perjudicial efecto en la inversión y la creación de empleo en Europa". La empresa mostró su confianza en que "la decisión será revocada", en referencia a la conclusión extraída por la CE de que Irlanda concedió beneficios fiscales "ilegales" a la empresa tecnológica por esos 13.000 millones de euros.

La compañía agregó que la CE ha hecho un esfuerzo por "escribir de nuevo la historia de Apple en Europa" e "ignora las leyes fiscales de Irlanda". La decisión de la Comisión no está relacionada con la cantidad de impuestos que paga Apple, "sino qué Gobierno cobra el dinero" y de ahí que la multinacional extraiga esa conclusión de que este hecho tendrá un profundo y perjudicial efecto en la inversión y la creación de empleo para los países europeos.

A su vez, el ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, defendió la legalidad del régimen fiscal de su país y anunció que también recurrirá ante la Justicia comunitaria. Además, expresó precisamente el temor de que con decisiones de este tenor su país deje de ser "un lugar atractivo y estable" para la inversión, precisamente uno de los bastiones en los que Irlanda se había asentado para superar el mal momento que condujo a su rescate.

El Departamento del Tesoro de EEUU también protestó y dijo que la decisión socava el "espíritu de la asociación económica" con Europa. Esta declaración se produce cuando crecen las dudas sobre la negociación del acuerdo TTIP para liberalizar el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.

"Los estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas selectas, no importa si son europeas o extranjeras, pequeñas o grandes, partes de un grupo o no", replicó la comisaria europea de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager.

La UE no sanciona que Irlanda recaude con bonificaciones impuestos que deberían ingresar otros países sino su baja fiscalidad, juzgada como ayuda ilegal de Estado a empresas: Apple llegó a tributar sólo el 0,005%: 50 euros por cada millón de beneficios obtenido. Y esto a la vez que los demás países de la UE tuvieron que acudir a ese rescate de 2010.