La familia Carceller, dueña de una gran fortuna, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada para evitar el juicio por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y la posible condena a prisión del patriarca, Demetrio Carceller Coll, y de su hijo y presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce.
El pacto se alcanzó ayer, justo el día en que estaba previsto que comenzara el proceso a los Carceller en la Audiencia Nacional. Del acuerdo, que se firmará pasado mañana, jueves, no se conocen oficialmente los términos, aunque fuentes jurídicas indicaron que podría entrañar el pago por la familia de varias multas por un importe total de más de 90 millones y condenas carcelarias que no superarían los dos años de privación de libertad, lo que les eximiría de ingresar en prisión.
La Fiscalía pedía para Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm, y para su padre, el octogenario Demetrio Carceller Coll, 14 y 48 años y medio de prisión, respectivamente, por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Al patriarca le fueron bloqueados en 2010 bienes valorados en 400 millones tras atribuírsele un fraude tributario de 72 millones entre 2001 y 2009, de los que 43,35 millones corresponderían al IRPF y 29,69 millones, al impuesto de Patrimonio. En el mismo caso figuraban como acusados José Luis Serrano Flórez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.
La Audiencia Nacional ya había retrasado el juicio en dos ocasiones (en junio de 2015 y en abril de 2016), la última vez debido al estado de salud de Carceller Coll; en 2015 después de que las partes pidieran interrogar a varios testigos residentes en Estados Unidos, lo que obligó a la tramitación de una comisión rogatoria para solicitar su declaración a través de videoconferencia.
Los Carceller (hijo y nieto del ministro de Industria de Franco en la inmediata posguerra Demetrio Carceller Segura, entonces de ideario falangista) controlan Damm y la petrolera DISA, entre otros grupos, y tienen participaciones en empresas que cotizan en el índice bursátil Ibex 35.
El caso se destapó en 2010 cuando la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, detectaron que el octogenario Carceller Coll, que sucedió a su padre al frente de los negocios familiares, simulaba vivir desde 1990 en Portugal y Reino Unido para no pagar impuestos en España. Su hijo, Carceller Arce, fue acusado de colaborar en la simulación.
También se detectó que el clan mantenía unos 500 millones de euros depositados en paraísos fiscales.
El pasado abril, tras difundirse los llamados papeles de Panamá, los Carceller aparecieron como clientes del despacho panameño Mossack Fonseca, que les prestaba servicios profesionales para la gestión de una red de sociedades ocultas durante 20 años en este paraíso fiscal.
