Los quince días hábiles concedidos a los ciudadanos por el Gobierno autonómico para solicitar las subvenciones para la rehabilitación de edificios de viviendas en 2016, publicadas ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y valoradas en 1,8 millones, indigna a la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas al considerar "un dislate, una burla al sentido común y el colmo de la inoperancia" el plazo otorgado para completar todos los complejos trámites administrativos.
En apenas tres semanas, las comunidades de propietarios y sus agrupaciones o los dueños únicos de edificios deben conocer la convocatoria, lograr un acuerdo unánime, contratar a un arquitecto para que redacte un proyecto, visar el documento y solicitar licencia municipal, entre otros requisitos. Además, necesitan un informe de evaluación de edificios, cuyas ayudas también publicó ayer en el BOC la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
"Los ciudadanos no está preparados para correr tanto", denunció ayer la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil antes de anunciar la presentación de un recurso administrativo ante el área dirigida por Patricia Hernández, también vicepresidenta del Ejecutivo canario, para la ampliación del plazo a un mínimo de dos meses. "Los ciudadanos lo merecen, las empresas lo merecen y los trabajadores lo merecen, como merecemos todos que los cargos públicos demuestren conocimiento, diligencia y gestión, máxime en el momento [de crisis económica] que nos encontramos", exigieron en nota de prensa los constructores.
No obstante, la organización empresarial sectorial ya impugnó una similar convocatoria autonómica a mitad de 2015, aunque no obtuvieron ninguna respuesta y tampoco se ejecutaron las subvenciones. Desde entonces, la AECP ofreció sin éxito en varias reuniones al departamento de Vivienda diversas fórmulas de colaboración, incluida la gestión de los expedientes "a coste cero para los ciudadanos", la preparación de una campaña informativa, la organización de equipos profesionales y la "creación de una eficiente y carísima herramienta digital".
Por tanto, "la frustración es enorme" por la persistencia de las condiciones en las ayudas la rehabilitación de viviendas, lamentaron las mismas fuentes. En definitiva, "la voluntad, la paciencia, el respeto, la puesta a disposición, la cooperación y el beneficio de la duda que AECP había depositado en los responsables de la política de viviendas en Canarias, se esfuman de un plumazo ante tal tropelía", sentenciaron a través del comunicado institucional.
La indignación patronal estalló con la resolución firmada ayer por el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, después de acumularse durante los últimos ocho años por el "inmovilismo e incapacidad" del área autonómica de Vivienda, justo en una recesión sufrida especialmente por el sector de la construcción. Desde el inicio en 2008 de "la peor crisis de la historia, con la pérdida masiva de puestos de trabajo y la desaparición de más de 8.000 empresas, hemos asistido a la impotencia de saber que las fichas financieras disponibles no eran ejecutadas por un sistema que está podrido de burocracia y por unos responsables públicos incapaces", denunciaron los constructores de Las Palmas.
Tras culpar a la administración autonómica de no ejecutar o justificar los fondos procedentes de los presupuestos generales del Estado, la presidenta de la AECP consideró que ayudas para la rehabilitación de viviendas "podían haber amortiguado el golpe de la crisis y ahora se pierde otra oportunidad brutal para las pequeñas empresas". Para los constructores, la vivienda no sólo cubre aspiraciones sociales, sino que cumple el requisito productivo de generación de economía y empleo".
