Los ricos canarios son más y atesoran más bienes (una media de tres millones de euros cada uno) que en el apogeo de la crisis económica. Desde 2011, el año en que Grecia solicitaba el rescate por segunda vez y los manifestantes se agolpaban en la madrileña Puerta del Sol, los más acaudalados de la Comunidad Autónoma han ganado cerca de mil millones de euros. Los casi 6.000 adinerados de las Islas, 120 más que en 2011, tienen un patrimonio que, en conjunto, supera los 18.150 millones. Para contextualizar esta cifra basta con apuntar que es aproximadamente el triple del presupuesto que maneja el Gobierno de Canarias.
El último informe anual de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) concluye que España es un país "a dos velocidades". Y lo es, entre otras cosas, porque la diferencia entre los que más y los que menos tienen sigue incrementándose. "Los efectos de la crisis no se han distribuido equitativamente entre los grupos de la población, lo que ha provocado que la pobreza aumente y se dificulte la salida de la exclusión", subrayan los expertos de la Fundación Foessa. En otras palabras: las clases más pudientes han perdido menos que las clases media y baja. Esto explica que la tasa de riesgo de pobreza alcanzara en 2014 a un 38,6% de la población del Archipiélago, esto es, a un 8,2% más que en 2009. En el otro extremo, el de los ricos, el largo período de estrecheces no solo no pasó factura, en general, sino que incluso trajo consigo aumentos tanto del número de adinerados como del caudal que poseen.
La Agencia Tributaria acaba de publicar los últimos datos del impuesto sobre el patrimonio, unos datos que corroboran esa España (y Canarias) "a dos velocidades" de la que habla la fundación que dirige la oenegé Cáritas Diocesana. En la campaña tributaria del año pasado, en que se declararon los bienes patrimoniales correspondientes al ejercicio de 2014, fueron 5.990, exactamente, los contribuyentes obligados a rendir cuentas en la región, en general personas con una riqueza neta (inmuebles, acciones, títulos de deuda, coches, joyas...) de más de 700.000 euros. Son, por tanto, 121 más que en 2011, cuando el abultado déficit público y la extraordinaria caída de los ingresos empujaron al Gobierno estatal a volver a poner en práctica el impuesto.
Y no solo son más quienes tienen que tributar por esta vía, sino que también acumulan más riqueza, tanto en conjunto como individualmente. Esos 5.990 ciudadanos de la Comunidad Autónoma cuentan con un patrimonio global de 18.153,4 millones de euros. Una suma que equivale a un 43% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, es decir, a prácticamente la mitad de lo que toda la economía canaria es capaz de producir en un año. Y también el presupuesto del Ejecutivo regional sirve para ilustrar la magnitud de la cuantía, habida cuenta de que esos más de 18.000 millones de euros representan casi el triple de los alrededor de 6.500 millones que el Gobierno de las Islas viene manejando en los últimos ejercicios. En definitiva, los 18.153,4 millones declarados en 2015 son 929,4 millones más que los declarados en 2012, en plena crisis económica.
Con todo, acaso lo más sorprendente de la estadística que la Agencia Tributaria dio a conocer este martes sea descubrir que las grandes fortunas de la Comunidad figuran entre las más altas del país. Cada uno de esos 5.990 declarantes atesora una riqueza media de 3,03 millones de euros, un montante que no solo es algo superior al de 2011 (cerca de 96.000 euros más), sino que es también el más elevado de toda España tras los de los grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid (8,4 millones de media) y Galicia (unos 4,3 millones). Hay que puntualizar, en el caso de Galicia, que la media aumenta considerablemente por la presencia en esta región de varias de las mayores fortunas de España, con el empresario del textil Amancio Ortega y su hija Sandra a la cabeza.
Los datos del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda revelan que los aproximadamente 18.000 millones de patrimonio declarados por los más ricos de la autonomía dieron lugar a unos ingresos para las arcas públicas de solamente 28,1 millones de euros. Ello se debe a que existen deducciones y bonificaciones que deciden los gobiernos regionales. En Madrid, por ejemplo, los más acaudalados no tributan por este impuesto. De hecho, la comunidad capitalina es la única que aplica un tipo cero a los contribuyentes.
