La Unión Europea parece resignada a que España prorrogue su presupuesto de 2016. La demora en formar Gobierno hace casi imposible que se pueda elaborar unas nuevas cuentas para 2017, que deberían estar en Bruselas a mediados de octubre, pero los responsables comunitarios fueron contundentes en la exigencia de que el futuro ejecutivo español cumpla los compromisos de recorte del déficit. La UE exige a España que baje el déficit en 5.000 millones este año, en 15.000 el próximo y en 9.000 en 2018.

Los problemas presupuestarios de España no se han "evaporado" y el próximo Gobierno tendrá que devolver a las cuentas públicas "a la senda correcta", dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. "Es difícil para un Gobierno en funciones diseñar un presupuesto", afirmó. "Nosotros no podemos formar Gobierno en España, aunque a veces nos gustaría", ironizó. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, también sostuvo que el Gobierno en funciones tiene limitaciones para presentar a tiempo el borrador de un nuevo presupuesto para 2017. El problema es que Moscovici y la Comisión habían afeado el presupuesto de 2016 por juzgarlo incapaz de cumplir los objetivos de déficit. Ahora podrían verse en la tesitura de aceptar su prórroga, aunque el ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, reiteró su esperanza de que haya acuerdo político en España para restablecer y aumentar los pagos anticipados a cuenta del impuesto de sociedades para grandes empresas y que esto permita recaudar 6.000 millones adicionales, lo que se complementaría con el cierre en agosto del presupuesto de este año para aplazar pagos.

España rebasó en unos 51.000 millones el déficit pactado con Bruselas para 2015 pese a que la economía creció el 3,2% y a que la UE avisó al Gobierno de que no redujera impuestos. Al final, la UE decidió este verano no multar por ello a España pero Bruselas amenaza con retener fondos europeos destinados al país por un volumen de 2.000 millones. Benoît Couré, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, demandó ayer que la UE aplique sus normas fiscales de modo "consistente" por el daño de credibilidad si no se hace.