El Gobierno de Canarias primará a partir de ahora en sus contratos públicos a aquellas empresas que ofrezcan mejoras laborales. El Ejecutivo otorgará, así, mejor puntuación en los contratos a quienes cumplan los convenios colectivos del sector, incentiven la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, impulsen la creación de empleo en los colectivos más desfavorecidos, fomenten los productos agroalimentarios locales y respeten el impacto medioambiental.
Con esta iniciativa Canarias emula a la Junta de Andalucía y da "el primer paso para aprobar una ley", que incluya cláusulas sociales en la contratación pública, avanzó la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, al término del Consejo de Gobierno, que aprobó ayer las nuevas directrices de contratación de la Comunidad Autónoma y que se aplicarán desde hoy en los pliegos de condiciones.
El objetivo es que "con dinero público se prime un empleo estable y de calidad, igualdad de oportunidades, mejora medioambiental y la inserción laboral de colectivos vulnerables", remarcó Hernández, que ve necesario que cuando hay inversión pública exista "un retorno social elevado que llegue al conjunto de la población canaria". "No se trata sólo de justicia social, sino también de rentabilidad económica", apostilló.
En este sentido, el Ejecutivo dispone de tres formas para garantizar el cumplimiento de estas cláusulas: mediante los criterios objetivos en los contratos (las condiciones que deben cumplir las empresas al concursar); una reserva específica en cada contrato para que una parte vaya a ONG; y limitando el perfil de las empresas que puedan participar a ONG.
De esta forma, el Gobierno se garantiza que "solo las mejores empresas en cuanto a condiciones laborales y sensibilidad social participen en los concursos públicos y que cada euro que se da por la administración tenga retorno social", insistió la consejera, que subrayó la "obsesión" del Gobierno para propiciar "condiciones laborales justas".
En concreto, se premiará con hasta un 15% sobre el total del baremo en los criterios objetivos a aquellas empresas que paguen mejor salario, que contraten a un mayor número de personas, y también obtendrán hasta un 15% las que completen la mitad de su plantilla con personas con dificultades de acceso al mercado laboral. "Todo ello sin menoscabo de los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato que rige cualquier procedimiento de contratación pública", señaló.
Con esta medida, el Gobierno busca que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que "redunde en el beneficio común y el interés público", destacó.
Estas cláusulas se aplicarán en todas las licitaciones de las entidades del sector público con independencia de su modalidad, objeto o tipo contractual, sistema de adjudicación o procedimiento. En cambio, no se aplicarán en los contratos que sean adjudicados a través de la adhesión a sistemas externos de contratación centralizada distinta a la autonómica; los contratos menores y los contratos para los que los órganos de contratación consideren que no resulta apropiada la incorporación de las cláusulas, para lo cual habrá que emitir un informe motivado que se incorporará al expediente. "Las excepciones tendrán que estar muy argumentadas", advirtió la consejera socialista.
