Patronales y sindicatos de Canarias discrepan sobre el alcance de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce las indemnizaciones por despido al personal interino y defiende la igualdad de trabajadores indefinidos y temporales en las compensaciones por la pérdida de sus empleos.
Desde las organizaciones empresariales del Archipiélago limitaron el fallo europeo a los interinos, como caso concreto de la sentencia, pero las centrales sindicales ampliaron su repercusión a todos los contratos temporales, por la referencia a la discriminación entre temporales e indefinidos en la legislación española. El Gobierno de Canarias declinó valorar la resolución judicial hasta su completo análisis por parte de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
Aunque también se permite en el sector privado, la administración pública concentra la mayoría de los empleados interinos, trabajadores temporales sustitutos de los titulares de la plaza en baja laboral (maternidad, paternidad, excedencia o liberación sindical, entre otros supuestos). Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad cifraron ayer los interinos en la administración autónoma en unas 6.000 personas, aunque los sindicatos situan el número entre 8.000 y10.000, magnitudes a las que se deben añadir trabajadores en idéntica situación pertenecientes a los órganos estatales y las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) en las Islas.
Tras subrayar la "claridad" de la sentencia en favor de los interinos, el máximo responsable de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, Gustavo Santana, admitió que la equiparación entre temporales e indefinidos "está abierta a interpretaciones", pero apuntó que adelanta el sentido de futuros fallos europeos. "Hay un fraude en la contratación y un abuso muy importante de los contratos temporales, cuando en muchas ocasiones son empleos que son fijos de estructura", alertó Santana antes de reclamar a partidos políticos y organizaciones empresariales que no demoren la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
En la misma línea se pronunció el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Carmelo Jorge, que amplió la solicitud de cambios legislativos al Estatuto Básico del Empleado Público. A juicio de Jorge, "es una discriminación incompatible con los principios de la Unión Europea, porque la única justificación entre temporales e indefinidos no son las necesidades económicas de las empresas sino las diferente indemnizaciones".
Sin embargo, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, José Cristóbal García, subrayó que "no existen diferentes regímenes de indemnizaciones en España", al tiempo que recordó que ya se amplió de 8 a 12 días por año trabajado la compensación a los temporales para desincentivar la contratación eventual. Para el presidente de la patronal en la provincia occidental (CEOE-Tenerife), José Carlos Francisco, la sentencia europea "abre un debate, pero no dice que la igualdad tenga que ser necesariamente al máximo, también puede ser al mínimo".
