El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno impulsará la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria a fin de poder fijar los nuevos objetivos de déficit público a pesar de la situación de interinidad en que está el Gabinete. Montoro accede así a la petición que venía haciendo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se había puesto al frente de esta reivindicación de las comunidades autónomas, que vienen denunciando una situación de "bloqueo".

El propio Fernando Clavijo había adelantado la fórmula para destrabar la situación tras una reciente reunión con Montoro: una reforma del artículo 15 de la ley de estabilidad presupuestaria, artículo que determina cómo han de establecerse los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto de las administraciones. Ayer, el ministro de Hacienda anunció que se promoverá esta medida para que se pueda adaptar la senda de déficit y deuda a los nuevos objetivos señalados por la Unión Europea (UE) en una situación excepcional como la actual, con el Ejecutivo en funciones y sin capacidad para aprobar una medida así, informó Ep.

En la práctica, una de las consecuencias es que la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE, lo que supondrá un alivio para los ejecutivos autonómicos. También se aprobará la senda para el ejercicio que viene, que todavía no se ha decidido, expuso Cristóbal Montoro. La decisión fue adoptada ayer en el Consejo de Ministros y atiende esa reclamación de las comunidades autónomas, que exigían al Ejecutivo medidas para poder preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio. Pedían además información sobre la liquidación del año 2015 y la previsión de los ingresos que recibirán del sistema de financiación autonómica en 2017, unas reclamaciones en las que el Ejecutivo canario fue parte activa.

El ministro agregó que con esta salvedad en la ley, su departamento podrá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir y aprobar los objetivos del año que viene. Lo mismo se hará con la Comisión Nacional de Administración Local en el caso de los ayuntamientos. Esos objetivos serán después aprobados por el Gobierno y enviados a las Cortes para su ratificación definitiva.