El PP acusó al Gobierno canario de "importante" falta de planificación en el empleo público, lo que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, consideró "irónico" después de que el Estado impugnase la paga extra de 2012 y se tuviese que recurrir a otros mecanismos para cubrir puestos en áreas prioritarias.

El consejero respondió de esta manera a la diputada del grupo Popular Astrid Pérez, quien dijo en comisión parlamentaria que la imprevisión del Gobierno canario se evidencia en que cierra el presupuesto autonómico en noviembre y dos meses después tiene que ampliar las listas de personal.

El consejero Aarón Afonso aseveró que "no hay que esconder" que en años de crisis se ha producido una merma de efectivos en la administración autonómica, que no han podido ser repuestos por las restricciones establecidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado, que dispone que no puede haber nuevas incorporaciones en las administraciones públicas excepto en áreas y funciones prioritarias.

En ese marco "restrictivo" se ha definido en los presupuestos autonómicos cuáles son los sectores prioritarios a través de dos vías, la de los definidos y acordados por consenso en el Parlamento autonómico y por definición del Gobierno regional en virtud de las necesidades de la administración para prestar servicios absolutamente necesarios, añadió el consejo.

Afonso, que puntualizó que la plantilla descrita en los presupuestos no coincide con la relación de puestos de trabajo aprobada por la administración autonómica, explicó que la nueva oferta de empleo público tendrá que esperar a la aprobación de las partidas presupuestarias para 2017.

Al respecto, detalló que aún se está ejecutando la oferta de empleo público sanitario de 2007, que incluía más de 5.000 plazas en un proceso selectivo muy complejo que afectaba a 90 especialidades, y el consejero del área, Jesús Morera, está ejecutando "el cronograma" de la convocatoria aprobada en 2015 para pasar a la correspondiente a este año.

Por ello replicó al PP que no puede planificar los puestos necesarios en la ley presupuestaria "para que el Estado no la impugne" ya que es "evidente" que con los antecedentes en este sentido que tiene el Gobierno regional debe establecer mecanismos diferentes para poder prestar los servicios básicos.

Canarias sufre una "infrafinanciación" y como consecuencia "tenemos problemas para cuadrar los presupuestos autonómicos" y se debe dotar la sanidad, educación y servicios sociales con recursos propios pese a que deberían prestarse en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, advirtió el consejero.

La diputada de Podemos Concepción Monzón, que solicitó la comparecencia, mostró su inquietud por el hecho de que se hayan externalizado servicios en funciones que son potestad de la administración y consideró que los puestos tienen que tener una dotación presupuestaria al margen de que se desempeñen en sectores prioritarios o no.

"A veces hay más jefes que indios y éstos quedan al cargo de encomiendas de gestión", aseveró Monzón, quien pidió evitar que la administración se convierta en un chiringuito para que unos se coloquen y otros no.

El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos precisó que el consejero tiene muy limitado el margen de maniobra pero según el PP, parece el responsable de la restricción en las políticas de contratación de personal, cuando es el Gobierno central el que ha sometido a las comunidades autónomas "a una dieta de caballo presupuestariamente hablando que se suma a problema crónico de financiación".

Por el grupo Nacionalista Canario Socorro Beato dijo que el Gobierno canario ha sido "valiente" al interpretar con carácter flexible las limitaciones del Estado "so pena de que recurriera cualquiera de estos acuerdos como ocurrió con la paga extra".

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, sostuvo que se tenía que haber actuado hace tiempo para cubrir la falta de personal en servicios públicos esenciales, cuando se avecinan posibles nuevos recortes por la mala gestión del déficit por parte del Estado.

La diputada de Nueva Canarias Esther González advirtió de que desconoce cuáles son las 113 áreas declaradas prioritarias por el Gobierno regional y criticó el que la relación de puestos de trabajo no esté ocupada en su totalidad, así que "no entiendo el interés de este negocio", reprochó.