Cerca de 15.000 contribuyentes canarios tenían deudas impagadas con la Hacienda autonómica al cierre del último ejercicio. La mayor parte de esos casi 15.000 deudores fiscales es de Gran Canaria, más de 6.200, aunque también en Tenerife superan los 6.000. Hasta julio, la Agencia Tributaria Canaria ya había conseguido recaudar prácticamente 34 millones de euros por vía de apremio. La Consejería de Hacienda, que dirige la nacionalista Rosa Dávila, publicó precisamente ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el proyecto de la orden que permitirá dar a conocer la lista de los grandes deudores con el fisco de la Comunidad Autónoma, es decir, aquellos que deben más de un millón de euros.
A 31 de diciembre de 2015, tal como consta en una respuesta por escrito del Gobierno regional a la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza, el número de deudores fiscales por compromisos contraídos en el ejercicio era, exactamente, de 14.775. Son en todo caso contribuyentes que al finalizar el año no habían satisfecho sus obligaciones tributarias pese a que Hacienda había iniciado ya el llamado "período ejecutivo". En otras palabras: contribuyentes que no pagaron en plazo voluntario. De ese total, 6.226 tienen o tenían su domicilio fiscal en Gran Canaria; 6.070 son de Tenerife; 1.008, de Lanzarote; 914, de Fuerteventura; 471, de La Palma; 52, de El Hierro; y los restantes 34, de La Gomera.
Desde la Consejería de Hacienda puntualizaron ayer que estos administrados que a lo largo de 2015 se convirtieron en deudores fiscales no necesariamente son defraudadores. No en vano, la "casuística" es muy diversa: contribuyentes que cambian de domicilio y que no lo comunican a la Administración o no lo hacen correctamente, por lo que no reciben las notificaciones; autónomos que no presentan los formularios del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) por mero desconocimiento de sus obligaciones; otros que no informan a Hacienda de su baja en el régimen especial y siguen figurando en activo; y también, entre otros, quienes quieren pagar pero, sencillamente, no pueden hacerlo, y ello sin olvidar a los despistados a los que se les pasa el plazo voluntario de pago. En cualquier caso, desde el departamento que lidera Dávila hicieron hincapié en que la mayor parte de las cantidades que se reclaman en período ejecutivo termina por cobrarse.
En apremio
El período ejecutivo, eso sí, "es largo", reconocieron desde la consejería, ya que comporta varias fases. Este comienza a la finalización misma del plazo voluntario e incluye la notificación al deudor de la providencia de apremio, "en la que se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos y se le requiere que efectúe el pago". Si el contribuyente tampoco paga en ese momento, tal como ocurrió en estos 14.775 casos, entonces la Agencia Tributaria toma la iniciativa y "se le embargarán sus bienes o se ejecutarán las garantías existentes", según detalla el organismo público. "Pero la mayor parte se cobra", insistieron desde el Ejecutivo, ya que "la mayoría de expedientes se soluciona con un pequeño recargo". De hecho, Rosa Dávila anunció en una reciente comisión parlamentaria que la Agencia Tributaria Canaria había conseguido recaudar en los siete primeros meses del año, en período ejecutivo, 33,8 millones de euros de esa "deuda tributaria vencida".
La consejera también informó entonces de que se había ingresado hasta ese mismo mes, hasta julio, un total de 130 millones por deudas pendientes o cantidades no declaradas, un 73% más que en el mismo período de 2015. La representante del Gobierno autonómico atribuyó este notable incremento a la mejora de los procedimientos que prevé el plan de control tributario de la Agencia. Además, Dávila apuntó que la mayor parte de esta deuda deriva de las obligaciones por el IGIC, el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías), el ITP y AJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y el impuesto de sucesiones.
Hacienda sacó ayer a información pública el proyecto de la orden que regulará la publicación de la lista, nominal, de aquellos contribuyentes que adeudan al fisco de la Comunidad Autónoma más de un millón de euros. Hay que recordar que es la propia ley general tributaria, en su artículo 95 bis, la que faculta a la Administración para dar a conocer, de forma "periódica", la enumeración de esos grandes deudores. El Ejecutivo estatal ya hizo pública la lista el pasado mes de junio, pero los gobiernos regionales, entre ellos el de las Islas, todavía no han cogido el testigo. Dávila ha garantizado, no obstante, que Canarias será de las primeras en hacerlo.
