La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) avisó ayer del "fuerte quebranto" que pueden sufrir las empresas de las Islas a consecuencia de la modificación introducida por el Gobierno estatal en el sistema de pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. La patronal entiende que los cambios impulsados por el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, "perjudican gravemente" al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma, hasta el punto de que ya han remitido una carta al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, comunicándole la inquietud por los posibles efectos de la polémica medida en el Archipiélago.

"Desde la CCE hemos trasladado por escrito al presidente del Gobierno de Canarias la preocupación generada entre nuestro empresariado por el fuerte quebranto que se puede producir en las empresas de las Islas a consecuencia de la reciente modificación", expuso ayer la organización que preside Agustín Manrique de Lara por medio de un comunicado. La razón de las quejas de la patronal radica en que la fórmula que ha establecido Hacienda para determinar los pagos a cuenta excluye los incentivos del particular fuero del Archipiélago, es decir, el REF (Régimen Económico y Fiscal), incentivos como la Reserva para Inversiones en Canarias, la bonificación a la producción de bienes corporales producidos en el Archipiélago o los derivados de la Zona Especial Canaria.

El cambio impulsado por el departamento de Montoro obliga a todas las empresas que facturen más de diez millones anuales a realizar desembolsos a cuenta equivalentes al 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, insiste la Confederación, "para el cálculo de este importe no se consideran los incentivos fiscales del REF".

En esta línea, la patronal de la provincia de Las Palmas pone énfasis en que "resulta especialmente preocupante el daño que puede generarse a los objetivos de internacionalización de la economía canaria, ya que la inversión extranjera atraída a la Zona Especial Canaria deberá soportar pagos a cuenta del 23% cuando el tipo vigente es del 4%, generándose una situación de inseguridad jurídica con efectos negativos sobre la confianza exterior en nuestro marco normativo".

Los empresarios entienden que el no haber tenido en cuenta las particularidades de las Islas ha sido "involuntario" por parte del Ministerio, de ahí que pidan colaboración para corregir el actual texto, "para reconducir la grave situación generada, que puede comprometer seriamente la solvencia económica de un buen número de empresas establecidas en las Islas".