El Gobierno central en funciones ya ha aceptado que España no tendrá, de momento, un nuevo presupuesto para 2017. La prórroga de las cuentas impide los retoques, incluidos los fiscales, es decir, el Estado jugará con las mismas cartas que en este ejercicio y eso significa que los municipios que pretendían una revisión al alza del impuesto de bienes inmuebles (IBI) tendrán que esperar. En esa situación se encuentran veinte municipios canarios, trece la provincia de Santa Cruz de Tenerife y siete de la de Las Palmas, cuyos ciudadanos se libran por el momento del catastrazo.
La prórroga presupuestaria impide reflejar mayores dotaciones para los servicios públicos, algo que en buena lógica, cumplimientos con los objetivos que marca Bruselas mediante, debería haber sucedido al incrementarse los ingresos vía impuestos por la mejora de la economía. Esa es la parte negativa. La positiva, al menos en el corto plazo, para 190.456 canarios es que no tendrán que rascarse más el bolsillo para liquidar los recibos del IBI.
La prórroga presupuestaria es ya un hecho. Se han superado los plazos que marca la ley para iniciar el proceso de elaboración de las cuentas anuales estatales y al final de la pasada semana, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas envió a las comunidades autónomas las cantidades a cuenta que percibirán por el sistema de financiación durante el año próximo.
Esa información, primordial para que cada región elabore sus cuentas, detalla sumas que responden a la situación de prórroga; serán prácticamente las mismas cantidades que en el presente ejercicio.
La orden ministerial publicada el primer día de este mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que son los presupuestos generales de España el marco en el que se "podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos" de los distintos municipios. Por tanto, si no hay un nuevo presupuesto, la posibilidad de que los ayuntamientos mejoren sus ingresos fiscales por la vía del IBI se esfuma.
¿Cuándo se abre la posibilidad? Para ello primero tiene que haber un Ejecutivo central de pleno derecho. Según el contexto político actual, las dos posibilidades más ciertas son, bien que los socialistas dejen el camino expedito al Partido Popular (PP) para que siga gobernando mediante la abstención de sus diputados en el Congreso, o bien, que haya unas terceras elecciones. En el primero de los casos, la revisión catastral podría tener vigencia desde el primer semestre del año; al segundo le es aplicable la misma incertidumbre que sobrevuela la política nacional.
En la misma publicación del BOE se relacionan los 2.452 ayuntamientos españoles que tienen luz verde de Hacienda para aumentar la presión fiscal a sus habitantes, entre ellos los 20 canarios mencionados. Para obtener ese nihil obstat por parte del departamento que dirige -en funciones- Cristóbal Montoro, era necesario que ninguno de ellos hubiera afrontado una revisión catastral en los últimos cinco años, es decir, la última tendría que haberse producido antes de 2012.
Además, el ministerio exigía la existencia de discrepancias notables entre los actuales valores de mercado y los que existían cuando por última vez se calcularon los coeficientes, lo que dejaba muy sencilla la cuenta a todos los municipios en los que el IBI permaneciera intacto desde antes del estallido de la crisis. En estos casos, el saldo resulta favorable al bolsillo de los ciudadanos, ya que gran parte de los inmuebles han perdido valor real desde el año 2008. En cambio, los municipios que han acometido una revisión de los coeficientes en plena caída de los precios de la vivienda, podrían recuperar ahora parte de los ingresos perdidos desde entonces.
