La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) quitaría a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma los alrededor de 28 millones de euros que le proporciona el impuesto sobre el Patrimonio. La prolongación de las cuentas estatales implicaría, de facto, recuperar la bonificación del tributo, situada en el100%, de modo que ya no habría que pagar el impuesto. De hecho, si el tributo se ha cobrado en los últimos ejercicios ha sido por una solución provisional del gobierno de Mariano Rajoy, que, año a año, incluía en la ley de los PGE una disposición adicional que rehabilitaba el impuesto.
En la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias entienden que la prórroga presupuestaria ha de incluir también la del tributo. Mientras, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, achacan la incertidumbre al hecho de que el Ejecutivo esté en funciones, aunque puntualizan que ello no significa que la situación "no vaya a solucionarse".
El impuesto sobre el Patrimonio quedó en suspenso entre los ejercicios de 2008 y 2011, aún con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Consejo de Ministros. Fue entonces cuando se aprobó la bonificación del 100%, lo que conlleva, en definitiva, que no hay que pagarlo. El mismo gobierno socialista fue el que anunció en 2011 la necesidad de recuperar ese extra en la recaudación que supone el tributo. Las consecuencias de la crisis en las cuentas públicas eran cada vez más duras y el Ejecutivo no podía ya despreciar los cientos de millones de euros que, en toda España, genera el impuesto. En consecuencia, el tributo ha vuelto a cobrarse desde entonces, pero siempre con carácter temporal, al menos en apariencia.
El Gobierno viene así aprobando, ejercicio tras ejercicio, una disposición adicional en la ley de los presupuestos por medio de la cual anula la bonificación del impuesto, bonificación que, no obstante, sí ha seguido figurando en el texto de los PGE. En otras palabras: si se prorrogan las cuentas, se prorroga la bonificación.
El economista José Carlos Díez, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá, resumía ayer la situación: "La disposición adicional era solo para 2016; si se prorroga el presupuesto, en 2017 los grandes patrimonios no tendrían que pagar el impuesto y las comunidades autónomas dispondrían de menos ingresos".
En el caso del Archipiélago, el agujero sería de alrededor de 28 millones de euros, la misma cantidad recaudada en el último ejercicio que incluyen las estadísticas de la Agencia Tributaria, el de 2014. Hay que recordar que el de Patrimonio es un impuesto cedido a las autonomías, de modo que es el Gobierno de Canarias el que se encarga de su gestión y el que se queda con la recaudación íntegra.
Fuentes de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico, que dirige Rosa Dávila, expusieron ayer que los técnicos del departamento dan por descontado que las arcas regionales seguirán recibiendo la cuantía correspondiente por este impuesto, al margen de la fórmula que el Gabinete estatal emplee finalmente para desbloquear la situación.
Precisamente, desde el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, hicieron hincapié en que los PGE no se prorrogarían hasta el 1 de enero, por lo que entienden en el Gobierno que hay margen suficiente para poner en orden el asunto: "La situación es que no tenemos presupuestos, lo que no quiere decir que no se vaya a solucionar".
Así, desde el departamento que dirige Montoro hicieron hincapié en las limitaciones a las que tiene que enfrentarse un Ejecutivo en funciones. Aunque no pueden aún adelantar cuál será la fórmula escogida para rehabilitar ese tributo (algunas fuentes apuntan ya a la aprobación de un decreto ley que haría las veces de esa disposición adicional que ha venido aprobándose año tras año), sí subrayaron que "en cuanto haya un gobierno, se podrá operar, ya sea a través del presupuesto o a través de un decreto; hace falta tranquilidad, se va a ir solucionando", puntualizaron.
El impuesto sobre el Patrimonio proporcionó una recaudación global en 2014 de unos 937 millones de euros, incluidos los 28,1 de Canarias. En las Islas tributan aquellos contribuyentes con patrimonios a partir de 700.000 euros (excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros).
