Las empresas españolas de titularidad familiar dan un aprobado a la situación económica y un suspenso rotundo a la situación política, según ponen de manifiesto los resultados de la encuesta interactiva realizada ayer entre los responsables de compañías presentes en el XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en La Coruña.

En concreto, las opiniones de los más de quinientos empresarios y directivos presentes en ese cónclave calificaron el clima económico en España con una nota un 5,31, en una escala entre cero y nueve puntos, y dieron un 1,79 al momento político. La nota de la situación económica continúa en el nivel de 2015 y sube respecto al 4,26 de 2014, al 3,89 de 2013 y al 2,53 de 2012. Respecto a la situación de incertidumbre política, la valoración está por debajo del 2,08 del año pasado, pero por detrás del 1,08 del año 2014.

Precisamente, el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Ignacio Osborne, se convirtió ayer en el perfecto portavoz de los más de 550 industriales que se dan cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña. En su discurso demandó ante el Rey estabilidad política para garantizar el desarrollo económico y empresarial. "En estos momentos en los que estamos pendientes de la formación de gobierno, conviene recordar que la confianza es el principal aliado de la inversión, y, por el contrario, la incertidumbre su mayor enemigo. Nuestro país necesita estabilidad institucional, regulatoria y económica para consolidar esta nueva etapa de crecimiento", proclamó el directivo.

Los resultados de la encuesta dejan ver también cuáles son algunas de las principales preocupaciones de las empresas familiares. Una mayoría de empresas señala la simplificación administrativa, la defensa de la unidad de mercado y la educación como prioridades sobre las que debería actuar el próximo gobierno. Los participantes apostaron de manera mayoritaria por un mercado de trabajo "flexible y eficiente" y una mejora de la calidad del capital humano. Demandan también una fiscalidad moderada y la disminución de las barreras regulatorias. En este último capítulo se incide en la reducción de la burocracia y los problemas de fragmentación del mercado, en referencia a las dificultades que el modelo territorial y la profusa producción legislativa de las autonomías añade al funcionamiento de las empresas.

Un 32% de los representantes empresariales reconoció, por otro lado, que no ha tenido contactos para fusiones, aunque el resto las ha explorado bien con empresas españolas, internacionales o con ambas.

Un 82% anticipa un moderado aumento de la actividad con una limitada creación neta de empleo y un 69% piensa que aumentará su cifra de ventas en 2017, mientras que un 87% ve el panorama positivo hacia los próximos tres años.