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Entrevista a Carlos Cruzado

"La nueva rebaja de impuestos creará un problema"

"Hay una competencia fiscal entre regiones con el objetivo de atraer inversiones que hay que rebatir", asegura el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

El presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. LP / DLP

¿De dónde saldrá el ajuste de 5.000 millones de euros que exige Bruselas al Gobierno central para el próximo año?

De donde vengan esos 5.000 millones, que no sabemos si tendrán que ser más porque se confía en el incremento de la recaudación como consecuencia del aumento de la actividad, tendrá que determinarlo el Gobierno entrante, que decidirá si va a seguir con la tónica de recortar gastos o va a proceder a la necesaria reforma fiscal que dé mayor suficiencia a nuestro sistema. Hay que tener en cuenta que hay un descenso de la recaudación de un 1,8% entre enero y agosto con respecto al mismo periodo del año anterior y destaca una caída del 25% en el Impuesto de Sociedades.

El Ejecutivo en funciones, apoyado en el crecimiento económico, planea una nueva rebaja del IRPF a partir de 2017 ¿es eso coherente con la situación en la que nos encontramos todavía?

Nos parece que plantear otra bajada de ingresos teniendo en cuenta que España sigue con una recaudación muy por debajo de la media de la Unión Europea [está entre 16 y 17 puntos alejada de la UE y zona euro, respectivamente] es, incluso, un despropósito. Si se produce esa bajada conllevará, por otro lado, mayores ajustes en gasto o en copagos, por ejemplo. En fin, todo lo que supone esa línea política de austeridad que se viene planteando en los últimos años.

¿Y es compatible esa bajada de impuestos con el sostenimiento del Estado del bienestar?

No, en absoluto. Es algo que parece insostenible porque genera un problema para el sostenimiento del Estado. La reforma tributaria tiene que conducir a recabar más ingresos. Pero hablamos de subir impuestos mediante un sistema equitativo en el que los que menos estén pagando, y que sin embargo deberían pagar más de acuerdo con el principio de progresividad de la Constitución, aporten estas cuantías. Las grandes sociedades están pagando casi un 7% de tipos efectivos frente al 14% que están pagando las pymes. Se trata de hacer esa reforma aumentando la recaudación, pero no a cargo de las clases medias y más desfavorecidas.

¿Y está de acuerdo con el planteamiento de algunos sectores de que el sistema de pensiones se financie, en parte, a través de impuestos?

Las pensiones es una de las prestaciones fundamentales en un Estado del bienestar. No vemos inconveniente que, llegado el caso, sea necesario a través de los impuestos financiar parte de las pensiones.

Canarias tiene una fiscalidad diferenciada que ha suscitado críticas sobre la posible existencia de un paraíso fiscal encubierto, ¿usted qué opina?

Tiene un sistema tributario excepcional dada su condición de insularidad y hasta cierto punto es lógico que haya medidas en ese sentido. Pero es verdad que tenemos que reparar el sistema en su conjunto, y también en Canarias, para ver si efectivamente se da un sistema justo en el que paguen más lo que más tienen. Hay una competencia fiscal entre comunidades autónomas para atraer inversiones que hay que rebatir. La corresponsabilidad fiscal de las regiones en lo que debería consistir, precisamente, es en la posibilidad de incrementar impuestos.

Defiende una reforma del sistema fiscal, ¿pero con un Gobierno en minoría sería posible que saliera adelante?

Nosotros hablamos de darle suficiencia al sistema y hacer que recaude más en la línea con la UE, donde la presión fiscal se sitúa en torno al 40% frente al 34,4% de España. Con un Gobierno que va a necesitar gobernar a través de pactos creo, incluso, que es más factible llegar a ese consenso. Si se puede tildar de algo la política de este Gobierno en materia fiscal es de incoherencia, pero el problema es que no es solo de este Ejecutivo, sino de los anteriores. Desde hace años se vienen asumiendo modificaciones fiscales que suponen parches al sistema.

¿Por qué en España se da una tasa tan alta de fraude fiscal, en torno al 24,6% del PIB, frente al 6% u 8% de los países de la UE?

No habido voluntad política para llevar a cabo una lucha decisiva contra el fraude y esto lo prueba la escasez de medios de los que dispone la Agencia Tributaria. También hay otros problemas como la menor conciencia fiscal y la vinculación que hay entre corrupción y nivel de economía sumergida. La falta de ejemplo de las élites políticas y empresariales no contribuye a que el ciudadano cumpla con sus obligaciones. Además, es necesario mover la lupa. Estamos centrándonos en el fraude a pequeña escala, en ese control de los controlados. Hay que hacer hincapié en la forma de actuar.

El Archipiélago es la cuarta comunidad con mayor nivel de economía sumergida con un 27,9% de su PIB. El año pasado la Inspección de Trabajo afloró casi 4.000 empleos, de los que el 34,4% estaban ligado a la hostelería. ¿Es este sector más propicio al fraude?

En ese sector se detectan mayores incumplimientos laborales, ya sea por trabajos sin contratos o porque no se cubren las horas que se están haciendo. Además, también se está trabajando en los últimos años [mediante el cruce de datos de consumos de viviendas que suponen que están vacías] para que descienda en Canarias el número de alquileres en negro.

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