27 de octubre de 2016
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El Supremo anula el bono social y obliga a indemnizar a las eléctricas

27.10.2016 | 16:59

El Tribunal Supremo echa por tierra el llamado bono social. La tarifa subvecionada a la que tienen derecho los usuarios con ingresos mínimos - familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios - y que el Alto Tribunal considera, en dos sentencias dadas a conocer ayer, que es incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Por ello, asegura que no debe ser financiado por las eléctricas, como ocurre desde 2014.

En las sentencias, en las que estima los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo -la antigua EON España-, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo reconoce además el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. De esta manera, falla que se debe reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto, más los intereses legales correspondientes.

Según fuentes del sector, las principales compañía eléctricas - Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España- , han dedicado hasta la fecha a bonificar la factura eléctrica cerca de 500 millones de euros que, de aplicarse la sentencia, tendría que sufragar el Estado.

Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales".

Asimismo, considera que vulnera el principio de proporcionalidad, "en cuanto que hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".

Para resolver estos recursos, el Supremo destaca que ha sido "determinante" la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la española, en la que una serie de empresas se encarga de sufragar la ayuda.

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