La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha inspeccionado más de cien empresas en el sur de Gran Canaria, de las que el 40% han sido propuestas para sanción por empleo irregular, fraude a la Seguridad Social o incumplimiento de los derechos y libertades de los extranjeros.
Las empresas inspeccionadas se ubican en Santa Lucía de Tirajana, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Las inspecciones han permitido descubrir numerosas empresas, fundamentalmente dedicadas a los sectores servicios y agrícola, que incurrían en diferentes fraudes.
Uno de ellos consistía en la constitución de empresas ficticias sin actividad real, que simulaban mantener relación laboral con trabajadores para la obtención indebida por éstos de prestaciones de la Seguridad Social.
Otro estaba relacionado con la simulación de relaciones laborales en empresas con actividad real, para tener indebidamente prestaciones, incluyendo subsidios por desempleo, así como para la obtención o renovación del permiso de residencia y trabajo de extranjeros.
El empleo de ciudadanos extranjeros (comunitarios y extra-comunitarios), sin autorización de residencia y trabajo y demás supuestos de irregularidades graves en materia de extranjería, así como la explotación laboral, graves discriminaciones en el empleo y otros fraudes en relación con el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones en materia de Seguridad Social, es otro de los fraudes descubiertos en esta investigación.
Estas inspecciones, que se desarrollan de manera continuada por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, buscan aflorar la economía sumergida y regularizar las condiciones de trabajo de las personas y la actividad de las empresas.
Por otro lado, la Agencia Tributaria inició ayer una operación contra las ventas en negro en el sector mayorista de venta de pescado fresco con el registro de 21 lonjas en cinco comunidades autónomas.
En el marco de esta operación, denominada Piélago, se llevó a cabo la entrada y registro en lonjas de Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia y Valencia. Inspectores de la Agencia Tributaria se han personado en las lonjas y en los locales y sedes de las sociedades de mayoristas y armadores para acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.
Al tratarse de actuaciones de carácter administrativo, se encuadran en las competencias inspectoras y no implican detenciones.
La actuación implica el inicio de actuaciones inspectoras tanto sobre las propias entidades gestoras de las lonjas, como sobre armadores y mayoristas de pescado, de forma que el dispositivo afecta a 37 entidades: tres en Canarias, doce en Cataluña, catorce en Galicia, dos en Murcia y seis en Valencia.
