Los representantes de la Federación Nacional de Salud y de la Federación Insular de Salud de Intersindical Canaria (IC) han sido citados hoy por el Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la ejecución de la sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena a la central sindical por vulnerar los derechos fundamentales de uno de sus liberados sindicales, Miguel Ángel Morales, que denunció a la Federación de Salud de IC por un presunto desfalco en las cuentas de la misma. Intersindical Canaria no ha ejecutado el fallo desde que se produjo, en septiembre de 2015.
El fallo del Juzgado de lo Social número 6 dio la razón al demandante para que se le restituyera como miembro del Secretariado de la Federación Insular de Salud, como secretario de Acción Sindical de la misma organización y como delegado de Atención Primaria. La sentencia fue recurrida por IC y el TSJC confirmó la resolución, condenando además a la central al pago de las costas.
Multa por desobediencia
La multa por desobediencia le puede costar a Intersindical Canaria más de 120.000 euros ya que el auto de ejecución provisional de la sentencia data del 24 de septiembre de 2015, a razón de 300 euros diarios y han pasado desde entonces 426 días. Fue en mayo de este año cuando el TSJC ratificó la sentencia a favor de Morales tras el recurso presentado por Intersindical.
Morales fue suspendido de militancia y sancionado por convocar un congreso extraordinario en 2014 para denunciar el presunto desvío de fondos de la Federación de Salud de IC a cuentas particulares de cargos del sindicato. A raiz de esta situación hubo una demanda civil, que ya se resolvió, pero sigue en marcha una causa penal en el Juzgado de Instrucción número 2 con las investigaciones abiertas por la policía.
Al poco tiempo se celebró un congreso de la Federación de Salud y se dio por invalidado el anterior, lo que también forma parte de las denuncias y demandas interpuestas por los afectados. El propio Morales ha señalado que las sentencias conocidas hasta ahora le dan la razón y que el congreso celebrado no fue válido y todos sus actos anulados.
El último incidente presentado por el afectado para que se ejecute la sentencia fue el pasado mes de julio y es ahora cuando la jueza del Juzgado de lo Social número 6 ha convocado para hoy a los representantes de la central sindical. En el escrito, Morales exige que se le restituya en todos los cargos y responsabilidades de los que fue destituido y que el juez requiera a las personas que están impidiendo que se cumpla el fallo para que lo apliquen en los términos estipulados por la resolución, que después fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
